El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida Ochoa, dijo que la reforma aprobada en esa cámara y pendiente en San Lázaro, encaminada a endurecer las penas por robo de hidrocarburos, ayudará a frenar ese delito que tiene un costo millonario para Petróleos Mexicanos (Pemex), pero es más importante que la dirección de la paraestatal tome medidas al respecto, porque ha mostrado una actitud negligente.

El también ex secretario de Gobernación y de Energía resaltó que hay un retraso enorme en Pemex en la aplicación de los sistemas modernos para reducir o eliminar el robo de combustibles, y todo lo que es reconstrucción, rehabilitación y reparación de tuberías no ha tenido la suficiente atención, pese a que ha crecido enormemente la sustracción de hidrocarburos.

Tampoco (se ha invertido) en la construcción de centros de almacenaje y se gasta innecesariamente en transporte por ruedas, que es 10 veces más caro que hacerlo por ductos.

Debido a ello –señaló–, la ciudad de México ha estado en riesgo de quedarse sin combustible porque no ha habido almacenamiento suficiente de gasolina; de ese tamaño es el conflicto. Explicó que el problema se debe a la política de Pemex y de la Secretaría de Hacienda de concentrar las inversiones en la producción de petróleo.

Comentó que las reformas para combatir el robo de hidrocarburos –aprobadas en el Senado en abril pasado–, además de endurecer las penas establecen con claridad la tipología del delito, con el propósito de evitar subterfugios jurídicos que permitan evadir las penas y las responsabilidades.

Es relevante –dijo– porque la legislación aún vigente daba pie a que los inculpados dijeran: demuéstrenme que robé el combustible, y en la minuta que debe analizar la Cámara de Diputados tendrán que demostrar que se compró el hidrocarburo.

Labastida consideró que esta reforma puede incluirse en la agenda de un eventual periodo extraordinario de sesiones, toda vez que no hay diferencias de fondo con los diputados.

En tanto, el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista, Arturo Escobar, dijo que el robo, adulteración y venta ilícita de combustibles es resultado de la mala administración de Pemex, por lo que es urgente que la empresa modifique su política comercial y contractual.

Destacó que dicho delito se clasificó como grave, pero Pemex no se ha preocupado por detectar dónde, cuándo y cómo se lleva a cabo. Si las cosas continúan igual, “se duplicarán los 3 mil millones de pesos que se ordeñan a la paraestatal”.