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Conflicto poselectoral

Niega que los fondos sean parte del gasto de campaña

Admite el PRI que repartió tarjetas de prepago por $66 millones 326 mil
Rosa Elvira Vargas
 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de julio de 2012, p. 4

El PRI admitió haber suscrito un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad para la emisión de 7 mil 851 tarjetas de prepago por 66 millones 326 mil 300 de pesos, destinadas al personal ocupado en trabajos partidistas ordinarios –no de campaña, aseguró–, la cual pudo haberse fondeado a través del Banco Monex. De esa manera, insistió en negar cualquier relación con dicha institución financiera.

¿Qué sucede? Entregamos esas tarjetas. Yo no sé si todas sean de Monex o no, porque tenemos un intermediario que hace el trámite, la empresa Alkino, y ésta es la que nos convierte en dinero y nos financia, lo van a ver en el contrato, explicó Jesús Murillo Karam, responsable jurídico del PRI ante los organismos electorales.

Insistió en que la contratación de los servicios de Alkino fue para gasto ordinario, sin relación con el gasto que no se puede rebasar correspondiente a la campaña presidencial.

Dichas tarjetas, explicó, se les daban a los representantes generales, que son los que se encargan de atender las casillas. En el documento de respuesta entregado a los órganos electorales y ayer a la PGR se ubica como actividades motivo del contrato con Alkino las inherentes a las secretarías de Organización y de Acción Electoral, enunciadas en los artículos 90 y 91 de los estatutos partidistas.

Murillo Karam expuso que el presupuesto ordinario del partido se destina ese día (el primero de julio) a eso: a gastos, a comidas. Teníamos (...) 300 mil representantes más o menos en casillas. Hasta en tortas es mucho dinero. E implica también transporte, traslados y todo lo que se dedica a atender el representante general partidista.

Toda esa labor, añadió, es mucho más transparente pagarla con tarjetas que con dinero, porque son más fáciles de trasladar, no implican riesgos. Además, no somos el único partido que lo hace, lo hicieron prácticamente todos y lo saben tanto el PAN como el PRD. No estamos escondiendo nada, es un asunto muy claro, insistió.

Exigen castigar mentiras

En la conferencia de prensa donde se anunció la presentación ante la Procuraduría General de la República (PGR) de los mismos documentos entregados al Instituto Federal Electoral y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los cuales el PRI refuta las acusaciones de compra de voto y lavado de dinero formuladas por el Movimiento Progresista, también se difundió un extracto donde específicamente el tricolor explica la naturaleza de su transacción con Alkino.

Raúl Cervantes Andrade, secretario jurídico del PRI, llegó antes de las cuatro de la tarde a la PGR. Entregó, además de copia de las pruebas de descargo, una denuncia de hechos con la exigencia de que, una vez concluida la investigación, se castigue a quienes han acusado sin prueba alguna y con mentiras y especulaciones del candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador, sobre supuesto lavado de dinero en la campaña presidencial.

El PRI rechaza la supuesta contratación con Banco Monex para la distribución de tarjetas de prepago con la leyenda Monex Recompensas, así como haber recibido una aportación de cuando menos 250 millones.

No existe ninguna relación de orden jurídico o comercial con esa institución ni con las empresas Grupo Comercial Inizzio, SA de CV, y Comercializadora Efra, agregó.

Enumeró en qué fechas recibió determinado número de tarjetas de prepago y ofreció el número de las dos únicas facturas pagadas a Alkino hasta el momento, por 4 millones 243 mil pesos. Mencionó los depósitos y claves bancarias correspondientes y destacó que si bien tienen un retraso en el monto de los pagos originalmente pactados, la empresa ha aceptado que se le pague en los próximos meses, aplicando el interés pactado en la cláusula segunda del contrato que tienen celebrado.

El PRI insistió en que los recursos aplicados a través de las tarjetas fueron empleados para cubrir gastos que, conforme con la normatividad aplicable, son considerados ordinarios, y no de campaña y dichos gastos habrán de ser informados en tiempo y forma, de acuerdo con lo señalado en el código electoral.

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