La Habana, 10 de agosto. En sentido contrario a la reforma económica, la popular compañía escénica La ópera de la calle perdió su fuente de ingresos por una decisión oficial y ahora vuelve a depender del subsidio público, lo que el director del grupo, el barítono Ulises Aquino, atribuye a la resistencia de los sectores burocráticos más aberrantes de nuestra sociedad.

La decisión del gobierno de la ciudad canceló las licencias de Aquino para operar el restaurante El Cabildo, sede de la compañía, que ahí presentaba su espectáculo musical y danzario, con una mezcla de ópera, zarzuela, rock y ritmos cubanos.

Egresado del Instituto Superior de Arte de Cuba, becario de La Scala, alumno de Monserrat Caballé, con un amplio repertorio de óperas, zarzuelas y operetas, Aquino, de 47 años, fundó el grupo en 2006 para acercar la buena música al público común.

Al amparo de la reforma impulsada por el presidente Raúl Castro, el año pasado abrió un restaurante privado para elevar los ingresos del grupo, más allá del subsidio y los salarios de las plazas estatales que tienen algunos trabajadores.

La clausura del negocio, dice Aquino a La Jornada, es “un error grave de método, porque nosotros entendimos que los Lineamientos de la política económica (base de la reforma) nos daban un marco legal, a través del cual podíamos buscar nuevas formas de sustentación…mejorar la calidad de vida de los artistas y la calidad del espectáculo”.

Opina que en la clausura se refleja una línea de pensamiento de todos aquellos que quieren que la sociedad no se mueva, que el Estado continúe siendo la única figura capaz de sacar adelante los proyectos.

La clave de la decisión de la Dirección Municipal del Trabajo y Seguridad Social, explica el cantante, es la imputación de que los resultados que se obtenían a través de la comercialización del espectáculo, con el cover de entrada, eran para beneficio personal.

Es contradictorio, sostiene Aquino. El trabajo por cuenta propia (fórmula legal para los microempresarios) es para beneficio personal. Me acusan de algo que es legal, por una parte. Pero por otra parte es falso, porque en nuestro caso los ingresos pasan a manos de todo el colectivo de La ópera de la calle, de todos los trabajadores.

Más aún, explica, de esos ingresos salía para costear la producción: instrumentos, promoción, micrófonos, transporte, vestuario, luces, audio, combustible, comida, emergencias y hasta apoyos para problemas personales de los artistas técnicos y administrativos. Además, pagamos impuestos.

El local era un terreno abandonado, que le entregaron las autoridades citadinas. Él y su gente limpiaron y habilitaron el lugar. En una carta, que circula en medios intelectuales, el cantante pregunta a la oficina que ordenó la clausura: ¿Cuántos de ustedes han construido una obra como El cabildo con sus manos?

Aquino calcula que la ayuda pública y los salarios de quienes tienen plazas oficiales representa un tercio del presupuesto de la compañía, que por ahora se queda solo con esos recursos. En su nueva situación se presentará en el teatro Karl Marx el 25 de agosto y prepara una gira para el otoño por México y Colombia.

El cantante recuerda que le sorprendió el cierre del local: Un comando de inspectores interrumpió el espectáculo, en la noche del 21 de julio, en un despliegue muy parecido a los allanamientos nazis. Entraron al escenario, pararon la función y ordenaron suspender el servicio a las mesas.

Aquino cree que, aun cuando hubiera violaciones a la ley, se pudo haber hecho la inspección de otra manera. No teníamos nada que ocultar. Eso fue un mensaje sobre quién puede emplear la fuerza. Es una amenaza que no parte de la más alta dirección de la nación, sino de unas fuerzas conservadoras intermedias, que obviamente te están diciendo que hay determinado rango de poder y que algo así se puede realizar. En ese uso excesivo de fuerza hay un mensaje claro de rencor, al cual la sociedad le debe temer profundamente.

El director de La ópera de la calle acepta que combinar el restaurante con el espectáculo pudo caer en una zona sin regulación en Cuba, pero sostiene que no era ilegal. Especula que quizás su grupo, que llegó a reunir a 130 trabajadores, corresponde más a una cooperativa de servicios urbanos, como las que ha anunciado el gobierno con insistencia, pero que aún no autoriza.

Recuerda que, a raíz de un reportaje de una agencia de noticias sobre la compañía, el mes pasado lo convocaron al Comité Central del Partido Comunista. Habló con dos funcionarios, uno del Departamento Ideológico y otro del de Cultura, y días después se produjo el cierre de El cabildo.

Pero me niego a pensar que esto haya partido del Comité Central, subraya. Este hecho ocurre cuando el presidente de la República hablaba en la Asamblea Nacional de la necesidad del cambio de mentalidad. No creo que pueda haber dos discursos en uno.