El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) redujo de 12 años a únicamente tres meses la reserva de la nota diplomática que el gobierno de México envió al de Estados Unidos para solicitar inmunidad para el ex presidente Ernesto Zedillo, quien enfrenta una demanda en una corte de aquel país por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal, ocurrida durante su sexenio.

La solicitud de inmunidad la realizó el gobierno mexicano al estadunidense a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual había reservado la nota diplomática respectiva por el lapso máximo de 12 años que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En la sesión previa del pleno del Ifai, los comisionados acordaron resolver que, en atención a la temporalidad de la negociación entre los gobiernos de los dos países, la clasificación debe fijarse en sólo tres meses, a partir de la votación de la resolución por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual tiene hasta el 7 de septiembre próximo para conceder la inmunidad para el ex presidente de México.

La cancillería mexicana deberá dar a conocer la copia de la nota diplomática que el gobierno de México envió al de Estados Unidos, relacionada con la solicitud de inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, una vez que exista el pronunciamiento por parte del gobierno de Estados Unidos, determinó el pleno.

Lo anterior, debido a que la Corte Federal del Distrito de Connecticut, donde se lleva el juicio civil contra Zedillo, hace públicas tales actuaciones al agregarlas al expediente respectivo y, en razón de ello, ya no habría motivo para reservar la información, puesto que el diálogo habrá culminado y no existirá ninguna afectación.

El Ifai indicó que la reserva de la nota diplomática por el lapso referido busca “evitar que se obstaculice o entorpezca el proceso deliberativo interno estadunidense, porque éste aún se encuentra en curso y corresponde a Estados Unidos su desarrollo; su apertura en este momento –indicó ese órgano de transparencia–, se podría interpretar como una intromisión por parte del Estado mexicano en dicho proceso”.

En audiencia con la comisionada ponente del recurso 890/12, María Elena Pérez-Jaén, los servidores públicos de la SRE señalaron que el propio gobierno estadunidense ha negado la nota diplomática a los abogados de los quejosos que en septiembre de 2011 ingresaron la demanda en la ciudad de New Haven, donde radica el ex presidente Zedillo, y quien hasta ahora ocupa el cargo de director del Centro de Estudios para la Globalización de la Universidad de Yale.

La demanda contra Zedillo –con la carátula Doe et al y Zedillo Ponce de León–, fue presentada por víctimas y familiares de los 45 indígenas tzotziles que perdieron la vida en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997; se fundamenta en la Alien Torts Claims Act, de 1789, y la Torture Victim Protection Act, de 1991, leyes internas estadunidenses que reconocen el derecho a presentar acciones legales para buscar reparaciones civiles ante cortes de ese país por actos cometidos en el extranjero.