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El tercer Consejo Universitario se instalará el 29 de noviembre y dos días después reabrirán los planteles

Termina crisis en UACM; persisten causas

Aceptan partes en conflicto propuesta de solución de la Comisión de Gobierno de la ALDF

Los paristas celebran con mariachi, porras y gritos de sí se pudo, sí se pudo

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Anoche se firmó la propuesta final de solución del conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México presentada por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En la imagen, los actores de la crisis y las instancias mediadorasFoto Jesús Villaseca
 
Periódico La Jornada
Martes 27 de noviembre de 2012, p. 33

Luego de 90 días de confrontación, la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM ) suscribió la propuesta planteada por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para dar una salida no violenta al conflicto en esa casa de estudios.

Para dar cumplimiento a los acuerdos pactados, los consejeros de las dos partes involucradas en el conflicto se comprometieron a instalar el tercer Consejo Universitario en una sesión extraordinaria el próximo 29 de noviembre, a las 11 horas, en el Museo de la Ciudad de México, y abrir los planteles el 1º de diciembre.

Todavía se encontraba reunida la mesa de diálogo, presidida por el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados; el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos local, Luis González Placencia, cuando los estudiantes que resistieron en paro en los cinco planteles de la UACM por cerca de tres meses comenzaron la celebración con mariachi, porras y gritos de ¡sí se pudo! ¡sí se pudo! en las escalinatas del recinto de Donceles y Allende.

Poco antes de dar a conocer a las partes la propuesta final, el diputado Manuel Granados dijo que a 11 años de que fue puesta en marcha la UACM es necesario hacer un corte de caja a la institución para fortalecer su marco legal y presupuestal.

Después de que las partes suscribieron el acuerdo, Granados los exhortó a honrar a la universidad cumpliendo los acuerdos que signaron, e indicó que la ALDF se mantendrá atenta a que dichos compromisos se cumplan para que se dé certidumbre al proceso de la UACM en el marco de su autonomía.

Antes de firmar el documento final, la rectora Esther Orozco Orozco puso en tela de juicio una vez más el diseño institucional de la universidad, al señalar que la raíz del conflicto es que la UACM no tiene una estructura administrativa que la fortalezca; tampoco posee una estructura administrativa y académica suficientemente fuerte para ir adelante, además de que carece de normas.

El profesor y consejero electo Octavio Campuzano reviró que el conflicto en realidad nació hace dos años, cuando Esther Orozco asumió el cargo de rectora, periodo durante el cual se ha dedicado a atacar a la UACM y a la educación pública, amén de los documentos que muestran la rapiña que ha habido de la rectora, y consideramos que es muy injusto que venga a decirnos aquí que el problema es otra cosa.

No obstante, al final ambas partes se comprometieron a dejar atrás la confrontación, para llevar adelante a la UACM.

Los acuerdos

El documento con la propuesta final considera 11 puntos, entre los que destacan el reconocimiento de los 50 consejeros electos democráticamente y, como parte de éste, el compromiso de acatar todas las resoluciones que las autoridades juridiccionales emitan con relación a los consejeros que se encuentran en procedimiento de amparo, dejando a salvo sus derechos.

Asimismo, una vez instalado el consejo se emitirán las convocatorias para realizar los procesos electorales, los cuales deberán realizarse a la brevedad.

Destaca también el punto seis, mediante el cual el Consejo Universitario se compromete a garantizar que no existirá persecución o criminalización contra ningún miembro de la comunidad derivado del conflicto universitario. Se mandata a cualquier apoderado legal de la UACM y autoridad universitaria, particularmente al abogado general y a la contralora, a no abrir procesos jurídico-administrativos, así como cancelar los existentes, y eliminar sanciones y todos los actos que de ello deriven contra miembros de los universitarios que participaron en el conflicto universitario a partir del 27 de julio de 2012 hasta la normalización de las actividades académicas.