La Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió mil 633 acciones administrativas sancionatorias contra funcionarios de la administración pública federal, estatal y municipal, que deberán ser investigadas por los órganos facultados en cada dependencia donde se hubiese detectado un manejo incorrecto de recursos púbicos.

En los casos en que las indagatorias den como resultado la comisión de algún delito, se deberán aplicar las sanciones correspondientes.

Juan Manuel Portal, titular de la ASF, informó que el órgano fiscalizador también promovió 134 denuncias de hechos contra funcionarios de las administraciones federal, estatales y municipales involucrados presuntamente en manejos irregulares de recursos.

“Hasta el cierre de la administración pasada llevamos muy buena coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) en cuanto a la atención y entrada de nuestros expedientes donde hacemos las denuncias.

“Hay un buen número de denuncias que se encuentran en proceso. Lo importante es que el Ministerio Público se dé a la tarea con oportunidad de atender los expedientes y con base en esto proceder como corresponda, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

En nuestro caso, sólo cuando encontramos daño patrimonial promovemos las denuncias y posteriormente, si no son resueltos, hacemos pliegos resarcitorios; la primera parte va dirigida a las entidades para que solventen estos pliegos y, en caso de no hacerlo, la responsabilidad resarcitoria va hacia los servidores públicos en lo personal.

Al entregar el informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011 a la Comisión de Vigilancia de la ASF, el funcionario –dependiente de la Cámara de Diputados– dijo que para el ejercicio 2011, y hasta diciembre pasado, se recuperaron 7 mil 768 millones de pesos que resultaron injustificados a la hora de revisar el gasto.

Conviene recordar que al 31 de diciembre de 2012 se reporta un monto acumulado de 59 mil 689 millones de pesos, correspondientes a la fiscalización de las cuentas públicas 2001 a 2010, que ha sido verificado anualmente por una firma independiente de contadores públicos.

Al desglosar los problemas estructurales que provocó la recurrencia de observaciones en el manejo de los recursos públicos durante el quinto año de gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, Portal expuso que el sistema de evaluación de desempeño aplicado por el gobierno federal ha tenido avances limitados, y esto ocasiona que el gasto mantenga presiones de carácter inercial, sin la certeza de que se genere valor público.

Acerca del gasto federalizado, cuyos recursos son transferidos a estados y municipios, se detectaron insuficiencias por la elevada incidencia y recurrencia de las observaciones de ASF vinculadas con su aplicación en acciones que no corresponden a los objetivos de los fondos y programas: imprecisión del marco jurídico y normativo, inconsistencias en la documentación comprobatoria del gasto; pagos improcedentes de diverso tipo; irregularidades en el ámbito local y en la administración de los recursos de los entes ejecutores.

Por eso resulta fundamental llevar a cabo una revisión integral de las disposiciones que rigen la gestión de los fondos federales que pudiera tener como consecuencia la emisión de una ley específica para el gasto federalizado, y debe darse énfasis a los procesos de coordinación intergubernamental, el fortalecimiento institucional y la capacitación institucional.

En cuanto al control interno, el auditor insistió en que la exposición al riesgo de corrupción en cada entidad donde se manejan recursos públicos debe ser medida de manera permanente y contrarrestada oportunamente, con controles internos efectivos, para prevenir y detectar la posible ocurrencia de actos corruptos, apoyado en una cultura educativa que reafirme la honestidad e integridad de los involucrados en los procesos de las dependencias en cuestión.

Hay muchas tareas pendientes para que el régimen democrático del país cuente con un sistema integral de rendición de cuentas, en el que se establezca claramente que habrá consecuencias para quien no cumpla su responsabilidad. Uno de los impedimentos para lograrlo es la fragmentación que existe a escala nacional en áreas como la transparencia, la evaluación, la participación ciudadana y la misma fiscalización.