La recién creada Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la reforma al artículo 123 constitucional, fracción tercera, serán insuficientes si México no cumple con la creación del Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, planteó Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Sobre la propuesta del Ejecutivo federal de elevar la edad mínima para trabajar en el país, de 14 a 15 años de edad, dijo que esa recomendación internacional se debe complementar con la vigilancia y regulación del trabajo infantil por parte de las autoridades laborales.

Para ello, se requiere realizar una cuidadosa aproximación al fenómeno, porque de lo contrario se corre el riesgo de criminalizar a las familias pobres que se ven obligadas a contar con el ingreso económico de sus hijas e hijos para sobrevivir; esas familias viven en condición de pobreza, a causa de la ausencia del Estado mexicano para garantizar apoyos económicos y mejores empleos para las personas adultas. Recordó que diversos estudios demuestran que existe una relación directamente proporcional entre la disminución del ingreso familiar y el aumento de la ocupación infantil, la cual se acentúa en comunidades con menor desarrollo social.

Refirió que en el país es muy escasa la vigilancia del trabajo de menores, lo cual ha favorecido que empleadores e industrias comentan abuso.

Incluso, dijo, hay actividades económicas que los menores de edad realizan en contra de su voluntad y afectan su sano desarrollo, porque les impiden asistir a la escuela, gozar de tiempos de recreación y descanso.

Son actividades que no corresponden con su capacidad física, tienen altos riesgos para su integridad y suceden fuera de los contextos de protección familiar. Trabajos realizados en la minería y en la industria son ejemplo de los riesgos a los que están expuestos los menores.

Pérez García también se refirió al trabajo esclavo, que es una realidad en algunas regiones del país, especialmente en aquellas donde el crimen organizado tiene mayor dominio.