Ciencias
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Alejandra Bravo y Mario Soberón
Javier Flores
E

l caso ampliamente difundido a finales del año pasado sobre las acusaciones y la aplicación de sanciones en contra de los investigadores Alejandra Bravo y Mario Soberón, del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tomó un nuevo giro con la resolución dada a conocer el pasado 27 de septiembre por la Defensoría de los Derechos Universitarios de esa casa de estudios. Como se recordará, los investigadores fueron acusados de conducta inapropiada por modificar algunas figuras en trabajos que fueron publicados en revistas científicas de circulación internacional. El tema fue examinado por una comisión del propio instituto, otra externa y posteriormente por el propio Consejo Técnico de la Investigación Científica (CTIC) de la UNAM. El resultado final fue la imposición de diversas sanciones, entre ellas despojarlos de su calidad de líderes académicos; impedirles contar con estudiantes, y lo que es mi opinión lo más grave e injusto: un daño muy importante a su imagen pública, así como a su reputación y prestigio como científicos.

A partir de estos hechos, en enero del presente año, la Defensoría de los Derechos Universitarios decidió iniciar de oficio una investigación por posibles afectaciones a los derechos de los dos investigadores. El comunicado final de la Defensoría, firmado por su titular, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, es muy interesante, pues señala que si bien los órganos que juzgaron el caso actuaron de buena fe “(…) el proceso instaurado contra los investigadores tuvo diversas inconsistencias en cuanto a la integración y competencia de algunas instancias que intervinieron en los mismos; en la ausencia de oportunidades plenas, brindadas por algunas de las instancias que procesaron el caso, de audiencia y de defensa de los investigadores involucrados, y en la naturaleza, falta de individualización adecuada y posible desproporción de las sanciones impuestas”.

Las inconsistencias señaladas por la Defensoría llaman fuertemente la atención, pues ponen en duda si algunas de las instancias que juzgaron este caso tenían la competencia para hacerlo (el comunicado se refiere a la insuficiencia de disposiciones institucionales precisas que den sustento a la reprobabilidad de las conductas que fueron juzgadas y al trámite mismo que fue seguido). También, la correcta integración de algunas de las comisiones juzgadoras queda en duda –pues por información de la que yo dispongo, en una de ellas participó una parte acusadora–. Queda claro además que algunos de los órganos que examinaron el caso no brindaron la posibilidad de que los científicos, que fueron tratados con tal severidad, pudieran defenderse, algo que señalé en este mismo espacio (La Jornada 27/11/2012).

Con el propósito de dar solución definitiva a este caso, la Defensoría tomó una decisión muy atinada: convocó a autoridades y miembros de la comunidad universitaria a integrar una comisión mediadora; en la que participaron el director del IBt y miembros del Consejo Interno de ese instituto, el Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, acompañado de varios directores y directoras de ese subsistema, así como integrantes destacados de la comunidad científica de la institución. También participaron en este grupo los doctores Alejandra Bravo y Mario Soberón.

Los acuerdos conciliatorios a los que llegó esta comisión incluyen: Pedir al Consejo Interno del IBt reconsiderar la idoneidad y temporalidad de las sanciones impuestas a los dos investigadores considerándolas satisfechas a partir de la nueva información con la que se cuenta. En consecuencia, se sugiere adoptar las medidas que permitan a los investigadores retomar su trabajo docente y de investigación, a través de la reincorporación de la doctora Alejandra Bravo de la Parra en su calidad de líder académico con todas sus responsabilidades y beneficios y abriendo la posibilidad de contar con estudiantes de ambos investigadores. Estos acuerdos fueron aprobados ya por el Consejo Interno del IBt, lo que significa que los dos investigadores se reintegran plenamente a la vida académica de su institución, sin la carga que representan las sanciones. Pareciera que se llegó a una decisión salomónica en la que todo el mundo queda, si no conforme, al menos parcialmente satisfecho. Pero hay algo que es muy importante precisar:

Si bien en este acuerdo todas las partes convienen que la modificación de las figuras en los trabajos científicos fue algo inapropiado, se ratifica a lo largo de toda la investigación realizada por la Defensoría (e incluso en el examen previo del CETIC) que estos hechos no afectaron los resultados reportados por los investigadores, los cuales son completamente válidos. En consecuencia, no puede hablarse en ningún momento de Fraude. Los dos investigadores informaron a todas las revistas en las que publicaron sus trabajos de la modificación realizada a las imágenes y del procedimiento que se les seguía en México, y ninguna de las publicaciones ha decidido retractar los artículos que se comentan.

Del mismo modo, dado que los proyectos de investigación de los dos especialistas cuentan con un donativo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NHI), a través de la Universidad de California, la Oficina de Integridad Científica de los NHI, que también estuvo al tanto del proceso, ha mantenido los apoyos económicos que les venía otorgando.

A partir de la intervención de la Defensoría se trata de un caso cerrado, pero que produjo un gran daño a dos científicos mexicanos que ante la adversidad han mostrado un enorme valor y entereza, y revela aspectos importantes de nuestras instituciones… y de la naturaleza humana.

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