La magistrada federal Olga Estréver Escamilla, quien tiene en sus manos el futuro jurídico de Raúl Salinas de Gortari, acusado de enriquecimiento ilícito por más de 220 millones de pesos, contempla la posibilidad de irse de vacaciones en diciembre próximo con una resolución que modifique la sentencia absolutoria que dictó el pasado 19 de julio el juez Carlos López, aunque los alcances legales que conllevaría esa modificación aún son un misterio, revelaron funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF).

La magistrada tomará una decisión sobre el sentido de su fallo el próximo mes, una vez que su secretario concluya el proyecto de resolución.

De acuerdo con los funcionarios consultados, quienes pidieron mantener bajo reserva su nombre, la magistrada Estréver ha hecho comentarios con su personal de confianza del tribunal en el sentido de que no está muy convencida de que Salinas sea inocente del delito de enriquecimiento ilícito que desde hace 17 años le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), y que implica la incautación de 48 bienes inmuebles.

Debido a que la legislación penal en México impide a los juzgadores realizar pronunciamientos previos sobre el contenido de un asunto que esté bajo su jurisdicción, la mayoría de los jueces y magistrados federales optan por no aceptar entrevistas.

Pide declaración de inocencia

La semana pasada, Raúl Salinas de Gortari pidió personalmente a la magistrada Estréver que lo declare inocente de enriquecimiento ilícito.

El ingeniero y sus presuntos prestanombres, Jesús Gómez Portugal y Juan Manuel Gómez Gutiérrez, acudieron al tercer tribunal unitario para participar en la audiencia de vista, la última diligencia judicial previa a que la magistrada emita su sentencia.

De manera verbal, Salinas manifestó en forma reiterada que durante las últimas dos décadas la PGR se ha conducido con ilegalidad para acusarlo de diversos delitos y que han sido los jueces federales los que han corregido esos abusos.

En julio pasado, el juez Carlos López resolvió que el hermano de Carlos Salinas amasó una fortuna desproporcionada entre 1985 y 1992, pero lo absolvió de enriquecimiento ilícito porque, según él, no hay pruebas de que hubiera incurrido en actos de corrupción, desvío de recursos u otras acciones irregulares durante el ejercicio de los cargos que ocupó en ese periodo.