Saltillo, Coah., 10 de diciembre.

El Congreso de Coahuila eliminó del Código de Procedimientos Penales y de la Ley de Procuración de Justicia la figura jurídica del arraigo, que el Ejecutivo estatal –autor de la iniciativa– y los legisladores consideran violatoria de la libertad personal, la legalidad y la presunción de inocencia.

En la exposición de motivos, la propuesta aprobada este martes por el pleno señala que se basa en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas inhumanos y degradantes, la cual firmó México y en su artículo 16 estipula que el Estado debe evitar que funcionarios públicos incurran en tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La modificación también se basa en las disposiciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la desincorporación de la tortura y el arraigo de las leyes, señaló la diputada priísta Ana María Boone Godoy.

La figura del arraigo se asemeja a una detención secreta, y claramente constituye una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos que México ha adquirido, expuso.

El arraigo viola los derechos de libertad personal, legalidad y presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo de defensa, agregó la legisladora.

El 15 de noviembre, el gobernador de Coahuila, el priísta Rubén Moreira, firmó una iniciativa de reforma para eliminar el arraigo, con el argumento de que es un acto arbitrario y un derroche del poder coercitivo de la autoridad.

Sólo 120 consignaciones

Entre 2010 y 2012, la Procuraduría General de la República solicitó el arraigo de 6 mil personas para investigarlas. Sólo pudo consignar ante un juez a 120. A pesar de ello, la dependencia concluyó el año pasado la construcción de dos centros de arraigo con capacidad para mil 600 detenidos.