Viena, 11 de diciembre.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo de control de drogas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), lamentó hoy la legalización de la producción y comercialización de mariguana en Uruguay, y afirmó que esa decisión contraviene normas internacionales y puede revelarse contraria a los fines del gobierno.

“Con la legislación sobre el cannabis aprobada por el Congreso, Uruguay viola las convenciones de control de drogas” como la de 1961 sobre narcóticos, de la que ese país forma parte, afirma un comunicado de la (JIFE) difundido desde su sede en Viena. Recordó que la convención limita su empleo con fines médicos y científicos.

El presidente del organismo, Raymond Yans, dijo estar sorprendido de que el gobierno uruguayo haya decidido deliberadamente ignorar las disposiciones de ese tratado, luego de que el Senado uruguayo aprobó el martes la controvertida legislación y de que en julio pasado ya lo había hecho la Cámara de Diputados.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) apoyó las declaraciones de la JIFE y pidió a Montevideo cumplir sus compromisos.

Así como las drogas ilícitas son responsabilidad compartida de todos, es necesario que todos los países trabajen estrechamente juntos y lleguen a acuerdos sobre cómo enfrentar ese desafío mundial, indicó la ONUDC en un comunicado.

Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar la producción, distribución y venta de mariguana, iniciativa considerada por el gobierno como un experimento con el que busca enfrentar al narcotráfico ante el fracaso de las políticas represivas que han llevado a baños de sangre en la región.

Pero según la JIFE , la apuesta por una reducción del crimen a través de la legislación se basa en conjeturas precarias y sin corroborar y fue adoptada “sin considerar los efectos negativos del cannabis para la salud”. Añade que en lugar de proteger a los jóvenes, esa legislación tendrá el efecto perverso de alentar su consumo y adicciones más tempranas y contribuir a otros desórdenes.

La nueva ley no libera, sino que regula el mercado de la mariguana en el país, declaró por su parte Julio Calzada, titular de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, órgano que funciona en la órbita de la presidencia y será el principal responsable de reglamentar la legislación. Señaló que la tarea será ardua en cuanto a licencias, licitaciones, zonas de cultivo, semillas, impuestos o usuarios.

La oposición en Uruguay sostiene que esta ley no soluciona el problema del narcotráfico ni de la seguridad, como señaló la diputada Verónica Alonso, del Partido Nacional. El también ex ministro de Deporte y Juventud y actual diputado opositor Jaime Mario Trobo estimó que con la nueva medida es probable que se mantenga el mercado negro y aumente el consumo del alucinógeno.

El presidente del país sudamericano José Mujica, quien impulsó la iniciativa y ahora deberá promulgarla, admitió que vendrán nuevas dificultades tras la aprobación de la regulación al comercio de cannabis. No obstante, afirmó que mucha mayor dificultad representa la cantidad de muertos por ajustes de cuentas que tenemos hoy por causas vinculadas con el narcotráfico.

Entre los países de la región, Chile y Perú se declararon contrarios a la medida.

Paraguay, que integra junto a Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela el bloque del Mercosur, afirmó que la medida significará un aumento en la importación de mariguana de origen ilegal desde Asunción, afirmó el ministro paraguayo antidrogas, Luis Rojas. No se puede probar qué va a pasar, porque se va a experimentar con la salud de la gente. La mariguana sigue siendo un gran desconocido. No hay datos científicos suficientes para dejarla circular libremente, explicó.

A su vez, el canciller venezolano, Elías Jaua, afirmó que en Venezuela se evaluará la experiencia de Uruguay, decisión que consideró audaz e innovadora.

Jaua se abstuvo de hacer más comentarios sobre la medida y aseguró que Venezuela respeta las decisiones soberanas de un Parlamento.

En tanto, la ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, señaló que su país no tomará el mismo camino, pero advirtió que la legalización de la producción y venta de mariguana en Uruguay es vista por el gobierno como la decisión de un país soberano.

Al analizar la problemática, Dávila se refirió a que en términos generales la lucha contra el narcotráfico ha fracasado en el mundo, pese a las millonarias inversiones que se han dado y que hasta ahora no han aportado resultados.