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Después de 20 años del alzamiento en Chiapas demuestran que tenían razón, dice

La pobreza de indígenas, por el fracaso del Estado, no del zapatismo: Martínez Veloz

Este año debe reorientarse el tema de los pueblos originarios; ya hay cita con Osorio Chong

Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de enero de 2014, p. 11

La pobreza que aún afecta a los indígenas en México –a 20 años del alzamiento armado en Chiapas– es la expresión del fracaso de una estrategia de política pública del Estado, y no es atribuible al zapatismo, aseguró el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.

Es injusto achacarles esa situación. Quienes recurren a esos argumentos son sectores afines a quienes también, con propaganda política de esta naturaleza, señalaban que la iniciativa en materia de derechos indígenas de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) fragmentaría el país, declaró.

En entrevista, Martínez Veloz sostuvo que los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) confirman el fracaso de las estrategias para los pueblos originarios, a pesar de esfuerzos “sinceros e individuales de quienes sí apostaron por la causa indígena.

Hay que precisar que los altos índices de marginación no tienen ninguna relación, como han querido apuntar algunas voces oficiosas, en el sentido de que esto es responsabilidad de los zapatistas. Por el contrario, demuestra que hace 20 años tenían razón, y hoy, que siguen subsistiendo las mismas carencias, siguen teniendo la razón, dijo.

El comisionado planteó que es necesario abordar el conflicto en Chiapas y todos los temas vinculados con los pueblos indígenas desde una óptica diferente, y que el proceso gubernamental para presentar una iniciativa de reforma a la Constitución en materia de derechos y cultura indígenas va en ese sentido.

Confirmó que en los próximos días, en una reunión que tiene prevista con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se definirán los tiempos y formas para decantar la iniciativa.

Y entonces sí, con un marco legislativo que incorpore los principios a que se comprometió Gobernación, la relación del Estado con los pueblos originarios se debe basar en el respeto al ejercicio pleno de los derechos constitucionales de las comunidades, como sujetos y no como objetos de las políticas públicas, indicó.

Martínez Veloz calculó que la estrategia para contar con una nueva legislación en materia indígena tiene que concretarse este año “por varias razones: 2014 no es año electoral, es el segundo de la administración, y eso nos permitiría –si hay definiciones fundamentales– contar con cinco años para hacer las reformas institucionales que se deriven de la reforma legislativa y tener buenos resultados en este sexenio”, declaró.

Los tiempos y las formas de un proceso de esta naturaleza los discutiré con el secretario de Gobernación en una próxima reunión, para definir el esquema de la estrategia de este tema que aceptó desde el primer día que platiqué con él, informó.

Para el comisionado, existen señales del gobierno federal que confirman la decisión de ir en ese sentido. “Nuestro reto es precisamente modificar sustancialmente ese esquema de exclusión y marginación impuesto durante años.

El 12 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el compromiso de la armonización legislativa nacional con la declaración de la ONU en materia de derechos indígenasy los tratados internacionales, que caminan en el mismo sentido de los acuerdos de San Andrés”, refirió.

Convino en que no será un proceso sencillo, “porque sé que existen intereses contrarios a una ruta de esta naturaleza: durante 20 años he visto cómo se han expresado a veces en forma abierta o soterrada. Aún así, creo que la única posibilidad de delinear una estrategia sólida para el futuro de los pueblos indígenas se inscribe en esta ruta.

Advierte que lo otro es seguir en la pobreza, y además en el peligro de que aumente la tensión social en comunidades donde en este periodo se han entregado concesiones, en la mayoría de los casos sin prestación alguna para los pueblos y con un deterioro grave del medio ambiente.

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