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Tres notarios desconocían que la vivienda estaba hipotecada

Mal manejo registral tiene preso a un matrimonio que decidió vender su casa
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de marzo de 2014, p. 14

Un matrimonio se encuentra preso desde agosto de 2013 debido a errores del Instituto de la Función Registral del Estado de México que entregó certificados de no gravamen de un inmueble a tres notarios, señalan documentos del juicio de amparo 1246/2013 que se desahoga en el juzgado 13 de distrito en materia penal, los cuales involucran fallos de la tercera sala penal y el juzgado 61 penal capitalino.

De acuerdo con los expedientes, Gabriel Gutiérrez Frías heredó en 2006, de su tía, Gabriela Margarita Guzmán Peimbert, una casa en Naucalpan, estado de México. Un notario certificó la herencia y la escrituró; esa fue la primera vez que la oficina registral de Naucalpan señaló que no existía hipoteca para la casa. Gabriel decidió poner la casa a nombre de su esposa, Cecilia Rodríguez Rivero; al hacerlo, el inmueble apareció otra vez sin hipoteca.

En 2009, alguien se interesó en adquirir la casa. Se vendió y nuevamente se pidieron antecedentes registrales; no se halló deuda que tuviera como garantía la casa.

Tras la venta, se enteraron de que la tía Gabriela había solicitado un préstamo de 800 mil pesos con 92 por ciento de interés y había dejado la casa en garantía. A solicitud del comprador, el juzgado 61 penal del Distrito Federal inició un juicio por fraude contra la pareja y dictó auto de formal prisión, pese a que el juzgado tercero de distrito en materia de amparo lo consideró infundado.

El juzgado federal señala que el juzgado y el tribunal capitalinos carecieron de base al haber librado la orden de aprehensión y estimaron de manera imprecisa que estuviera acreditado el delito.

También refiere que los juzgadores capitalinos valoraron inadecuadamente valor y alcance probatorio de ciertos elementos de convicción que constan en autos, para concluir que se que se encontraba acreditada la acusación.

Aunque los inculpados han tratado de llegar a un arreglo con quien prestó los 800 mil pesos y se ha acreditado que el comprador no perderá la propiedad, continúan prisioneros, en espera de que el juicio de amparo les devuelva la libertad.