Aunque los cinco jóvenes que fueron acusados de participar en la explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez acaban de obtener su libertad, luego de que se comprobó que fueron torturados para obligarlos a incriminarse, ningún servidor público ha sido sancionado hasta el momento por estos delitos, indicó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Diana Morales, coordinadora jurídica de dicho colectivo, recordó en conferencia de prensa que el 15 de julio de 2010 estalló un automóvil cargado de explosivos en Ciudad Juárez, lo que dejó un saldo de dos policías y un rescatista muertos, en una acción que las autoridades atribuyeron a una venganza por la detención de un miembro de La Línea, organización considerada el brazo armado del cártel de Juárez.

En ese momento, dijo, el gobierno federal inició una cacería para dar con los responsables del atentado y el 11 de agosto de ese mismo año la Policía Federal aprehendió a Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí, mientras se dirigían en un vehículo a entregar medicinas al hermano de uno de ellos.

Durante al menos cinco días, los hombres fueron torturados en varias instalaciones policiacas de Juárez y el Distrito Federal para obligarlos a inculparse del estallido del coche bomba. Sin embargo, las autoridades no logran vincularlos con el atentado, y sólo fueron consignados por delincuencia organizada y posesión de drogas y armas.

Un año después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su Recomendación 75/2011, dirigida a la antigua Secretaría de Seguridad Pública federal, donde indica que los cinco jóvenes fueron detenidos arbitrariamente y torturados, y aunque el entonces titular de esa dependencia, Genaro García Luna, la aceptó, los acusados no recuperaron su libertad.

No fue hasta que terminó el sexenio de Felipe Calderón cuando la defensa de los acusados se acercó a la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo actual titular, Jesús Murillo Karam, ordenó su liberación el pasado viernes, luego de que sus peritos confirmaran mediante el Protocolo de Estambul que habían sido víctimas de tortura y por lo tanto las acusaciones basadas en su confesión eran inválidas.