El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) definió que la pobreza en el país todavía es un problema de Estado, y estableció que los gobiernos deben asumir el derecho a la alimentación como elemento fundamental de una política pública, porque los programas aún no logran que el ingreso sea remunerador y satisfaga las necesidades básicas de las familias.

Esta postura fue presentada ayer por el director adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval, Ricardo Aparicio Jiménez, después de que las secretarías de Desarrollo Social del gobierno federal y del capitalino presentaron, en el foro Alimentación, bienestar y desarrollo regional, sus respectivas cifras sobre combate a la pobreza.

Aparicio Jiménez resaltó que persisten dos problemas relacionados con la pobreza en México: En una perspectiva de largo plazo, el ingreso no ha mejorado y se asocia a la falta de crecimiento y a la mala distribución de la riqueza. Y, segundo, la falta de seguridad social que afecta a una proporción muy grande de la población, vincu­lada con la precarización del mercado laboral, indicó.

Detalló que todavía 51.6 por ciento de la población nacional se ubica por debajo del nivel de bienestar; ejemplificó que la carencia de alimentos afecta a uno de cada cinco mexicanos y que si bien la desnutrición crónica se ha reducido, en el diagnóstico más reciente del Coneval se informa que uno de cada siete niños menores de cinco años aún la padecen, con las implicaciones que ello tiene para su desarrollo.

Antes, el director de Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social afirmó que un millón 80 mil personas en el país han mejorado su alimentación con los productos de la canasta básica que se ofrecen en las tiendas de Diconsa y se han abierto 3 mil 200 comedores comunitarios. Reconoció que persiste la asociación de pobreza extrema con la ubicación aislada de las comunidades, y que aún hay inercias en la administración pública en la operación de la política social.