Política
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Los de abajo

Yaquis rompen tregua

Gloria Muñoz Ramírez
T

ensión y presión se vive en estos momentos en Vícam, Sonora, donde la tribu yaqui rompió la tregua con el gobierno y tiene todo listo para reiniciar el bloqueo de la carretera Internacional, en demanda de que de una vez por todas Guillermo Padrés suspenda las obras del acueducto Independencia, acatando la sentencia emitida el 9 de julio por el juez octavo de distrito, Octavio Bolaños Valadez, quien dio tres días para que se detenga la obra, plagada de irregularidad desde su licitación.

El proceso ya no aguanta un desprecio más, señaló Mario Luna, autoridad de la tribu, luego de la primera sentencia, emitida hace un mes. En ese momento se pensaba que sería cosa de días el tan esperado cierre de una obra iniciada hace cuatro años sin consultar a la tribu, con el argumento de dotar de agua para consumo humano a Hermosillo, capital del estado, lo que también quedó plenamente desmentido, pues el acueducto desviaría el agua del río Yaqui para abastecer empresas y desarrollos inmobiliarios.

Las imágenes que circulan en las redes muestran que todo está listo para el reinicio de las movilizaciones en Vícam, mientras trascendió que este viernes patrullas estatales incursionaron en la comunidad yaqui e incluso entraron a algunas casas preguntando por Mario Luna, a quien el gobierno busca criminalizar inventándole cargos.

Desde hace dos años, contraponiéndose a disposiciones jurídicas anteriores, se inició la construcción del acueducto, el cual tiene un avance de 70 por ciento, aunque existen obras que aún no se han hecho, como los ramales norte y sur, potabilizadores, tratadoras de agua residuales, etcétera. En estos momentos, advierte el abogado de la tribu, legalmente no puede ni debe continuar la construcción y operación.

Si las autoridades no cumplen incurren en desacato, lo que es un delito y tiene dos consecuencias: responsabilidad penal que debe perseguirse y castigarse. El juez está obligado a hacer cumplir la suspensión, independientemente de que se reclame y se persiga la responsabilidad penal, y tendría que empezar a hacer uso de los medios de apremio con los que cuenta, tales como multas, hasta llegar incluso al uso de la fuerza pública si persiste la contumacia por parte de la autoridad responsable.

La batalla jurídica está ganada. También la que se libra en las calles. A la tribu yaqui le asisten la razón y el derecho. Cuatro años de lucha en la defensa de su agua y, sobre todo, de su territorio y de su cultura, enfrentan ahora días cruciales. La resistencia civil está lista.

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