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Ver día anteriorSábado 12 de julio de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Desacato judicial en Aeroméxico
Arturo Alcalde Justiniani
U

sted recordará el conflicto laboral iniciado hace un año por la empresa Aeroméxico contra sus sobrecargos. El tema adquirió notoriedad pública, no sólo por lo radical de las exigencias de la empresa –que reclamaba por la vía de un juicio reducir más de 60 por ciento los salarios y prestaciones e imponer jornadas extenuantes–, sino sobre todo porque con el apoyo de las autoridades laborales pretendía inaugurar un nuevo modelo de relaciones de trabajo que llamó contrato B, el cual sería aplicable al futuro personal que ingresara a laborar, por lo que no les harían extensivas las condiciones vigentes. Fue el primer golpe iniciado en la presente administración gubernamental contra los trabajadores.

Aeroméxico argumentaba en su favor que otras empresas como Volaris, Interjet, Viva Aerobús y la propia Connect (que forma parte del Grupo Aeroméxico) operaban en condiciones de trabajo sensiblemente inferiores y en consecuencia exigía reducir salarios y prestaciones para, supuestamente, competir en situación de igualdad. En esta lógica, se generaría en el país un proceso de precarización igualando a la baja a los trabajadores. Obviamente, la empresa carecía de razón, ya que en el juicio promovido requería justificar que el modelo laboral del que solicita cambio, es causa de su mala situación económica; en el presente caso, ninguno de tales argumentos fueron acreditados. También la empresa omitió advertir que en las empresas con las que pretendía igualarse no hay sindicatos reales sino que tan sólo operan contratos colectivos de protección patronal.

La vía que utilizó Aeroméxico fue un juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, supuesto órgano de justicia que, como es del dominio público, en aquellos casos que se consideran relevantes, ajusta su actuar a lo que le ordena la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que le impide ostentarse como árbitro imparcial. La instrucción, como en muchos otros casos, fue otorgar todo el apoyo a la empresa; así, se llevó a cabo un procedimiento amañado y parcial que incluyó peritajes al gusto de la empresa y negativas a aceptar pruebas ofrecidas por los sobrecargos, entre otras maniobras.

El juicio culminó con un laudo dictado por la Junta laboral el 20 de agosto de 2013; en él se ordenaba despojar a los trabajadores de nuevo ingreso de sus principales derechos, reduciendo sus salarios, incluso por debajo de la competencia, suprimiendo su fondo pensionario y fijándose reglas que obligaban a los sobrecargos a someterse a una disposición absoluta para que fueran llamados a prestar sus servicios en cualquier día y a cualquier hora; de ahí la frase que acuñaron: Dormiremos con el uniforme puesto. Se llegó al extremo de dejar fuera las protecciones para las embarazadas, que por las características de esta actividad profesional, resultan esenciales. Conforme a ese laudo, se rompe el principio de igualdad salario-trabajo y se generan dos contratos colectivos: el A para los trabajadores que han prestado servicios con anterioridad y el B para los nuevos empleados, un auténtico asalto al futuro.

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), acudió al amparo y solicitó, en ejercicio de su derecho contenido en la Constitución y en la propia ley, que las nuevas condiciones de trabajo quedaran suspendidas en su aplicación hasta que el Tribunal de Amparo resolviera en definitiva. La Junta laboral, con la clara intención de forzar a los sobrecargos a una negociación contra la pared, les negó la suspensión a que tenían derecho. Así transcurrieron varios meses en los que 300 nuevos trabajadores sufrieron la dureza de las injustas condiciones impuestas por las autoridades. Mientras esto ocurría, los abogados empresariales festejaban haber inaugurado una nueva interpretación de la ley del trabajo, recomendando que se hiciera extensiva en otros centros laborales.

En buena hora, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación accedió a la petición del gremio de sobrecargos de ejercer su facultad de atracción, considerando la importancia del tema y la necesidad de fijar criterios aplicables a conflictos semejantes, toda vez que el último caso resuelto hasta su etapa final data de los años 30, con motivo de la expropiación petrolera en el conflicto de la compañía extranjera El Águila. Corresponderá ahora a este alto tribunal definir los criterios para la solución del conflicto.

En vía paralela, los sobrecargos presentaron el recurso de queja, medio de defensa prevista en la Ley de Amparo, por la negativa de la Junta Federal de otorgarles la suspensión en la aplicación del injusto laudo. También fueron escuchados y apoyados con una resolución favorable por conducto del octavo tribunal colegiado en materia de trabajo en esta ciudad; este ordenó a la Junta que dejara sin efecto su indebido rechazo a la petición de los trabajadores y ordenara a la empresa dejar de aplicar el laudo del 20 de agosto de 2013, incluyendo su ejecución.

A una semana de haber sido notificada, el jueves pasado, Aeroméxico comunicó formalmente su decisión de no acatar la resolución del Tribunal de Amparo, advirtiendo que los 300 nuevos trabajadores seguirían sujetos a las condiciones establecidas en el laudo, y amenazó con contratar más sobrecargos hasta que la Corte resolviera. Esta rebeldía de la empresa, como ha señalado el gremio de sobrecargos, pretende convertirlos en rehenes para obligarlos a una negociación a su favor. Confía la empresa en que los recursos legales que la obliguen a cumplir con el mandato judicial llevarán tiempo, el suficiente para pretender doblegar la voluntad de los trabajadores y su gremio. Con esta rebeldía se abre una nueva etapa en este conflicto, poniéndose en riesgo la operación de la empresa, ya que constituye una violación evidente al Contrato Colectivo, lo que podría dar motivo a una huelga y a una protesta permanente.

Por lo visto, Aeroméxico no se ha convencido de que la mejor vía para mantener relaciones laborales estables y favorables a su desempeño, debe sustentarse en el diálogo informado, sin embargo, para lograrlo, es necesario que someta su conducta a la ley.

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