La situación de las niñas, niños y jóvenes en México es alarmante, debido a la falta de acción de las autoridades para frenar las múltiples formas de violencia de las que son víctimas, entre ellas la falta de acceso a derechos básicos, como la alimentación y la educación, o delitos graves como desaparición forzada, asesinato o reclutamiento forzoso por parte de grupos criminales.

Así lo advirtió la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes, Rosa María Ortiz, quien ayer presentó las observaciones finales de su visita a México, donde también destacó el caso de los estudiantes de Ayotzinapa agredidos en Iguala.

Luego de haber recorrido diversos centros de detención de menores, casas-hogar y estaciones migratorias del Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Coahuila y Tamaulipas, del 6 al 14 de este mes, la especialista resaltó en primer lugar la importancia de los procesos legislativos para reforzar los derechos de los niños en el país.

Un ejemplo de ello es la iniciativa de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que el gobierno mexicano impulsa a 25 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, así como avances legales similares en diversas entidades de la República.

Sin embargo, Ortiz advirtió que pese a estos avances, persisten viejos patrones de falta de coordinación y de enfoque de derechos, lo cual implica que los niños se ven desprotegidos frente a un sistema que, aunque tiene muchos recursos, no se organiza suficientemente para la protección integral de sus derechos.

Entre los temas que generaron mayor preocupación en la relatoría especial está el de la desaparición forzada de niños y niñas, pues ha habido un crecimiento alarmante de dicho crimen sin que el Estado proporcione cifras de cuántas personas han sido afectadas.

En este contexto, mencionó que la CIDH le ha dado seguimiento a la situación de los 43 normalistas que aún permanecen desaparecidos e informó que el lunes participó en una reunión donde estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, además de padres y compañeros de las víctimas.

Ahí, las autoridades se comprometieron a seguir buscando a los jóvenes cuyo paradero aún se desconoce, cuidar la vida de los que resultaron heridos, concertar las medidas de reparación del daño con las familias de los estudiantes y aceptar la participación de los peritos que designen los normalistas.