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Discute los principios para la reparación del daño a indocumentados, indica ONG

Analiza la Corte si detención de migrantes en estaciones del INM es inconstitucional

Atrae tres demandas de amparo del organismo; busca determinar el plazo legal de las retenciones

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La primera sala de la Suprema Corte debate los requisitos a seguir para la detención de indocumentados en su paso por México. En la imagen, el centro migratorio de Iztapalapa, en el DFFoto Jesús Villaseca
 
Periódico La Jornada
Viernes 13 de febrero de 2015, p. 14

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo tres demandas de amparo mediante las cuales se busca determinar si la detención de personas en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) es inconstitucional y cuáles son los plazos que deben seguirse para que una retención administrativa migratoria se apegue a lo establecido por la Carta Magna, indicó la organización civil Sin Fronteras.

De igual forma, el máximo tribunal del país discutirá cuáles deben ser los principios a seguir para detener migrantes y cómo debe otorgárseles la reparación integral del daño en caso de sufrirlo, en lo que es un proceso histórico que, de ser resuelto de manera positiva, podría frenar la criminalización de los indocumentados que transitan por México.

Durante su sesión privada del 6 de febrero –recordó Sin Fronteras– el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea atrajo tres demandas de amparo y una revisión interpuestas por el INM en contra de la sentencia emitida por el pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ordenó al mencionado instituto la reparación patrimonial por el daño ocasionado al migrante Stephen Compton.

El australiano estuvo privado de su libertad alrededor de cuatro meses en la estación migratoria del Distrito Federal, se le negó la oportunidad de regularizar su situación migratoria y posteriormente se le dictó orden de expulsión del país.

Esta atracción sin precedente, enfatizó el colectivo, podría traer consigo la reivindicación por parte del Poder Judicial a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas a protección internacional y cambiaría el paradigma con el que actualmente se criminaliza a las personas indocumentadas en México, por uno que respete y promueva sus garantías”.