Morelia, Mich.

Luis Antonio Torres González, El Americano, y nueve de sus seguidores abandonaron el penal de Mil Cumbres a las 19:44 horas de ayer, luego de que Víctor Barragán Benítez, magistrado de la séptima sala penal, revocó el auto de formal prisión que existía en su contra por el delito de homicidio calificado.

El magistrado se basó en las mismas consideraciones que utilizó para revocar el auto de formal prisión contra Hipólito Mora Chávez, ex líder de las autodefensas de La Ruana, y de 26 de sus seguidores, que al igual que El Americano permanecieron en prisión casi dos meses y medio, después de que el pasado 16 de diciembre los grupos que lideran se enfrentaron, con saldo de 11 muertos.

En un documento que envió al juzgado séptimo, ubicado en la prisión mencionada, el magistrado consideró que en ocho de los homicidios se actuó en defensa propia. Los hechos son extraordinarios, son atípicos, porque cuando se habla de legítima defensa se piensa en personas concebidas en lo individual, y en este caso se habla de un grupo de personas con el mismo estatus jurídico.

En el texto dado a conocer a la prensa, el magistrado consideró que no hubo agresión del grupo de El Americano al de Mora, y así está considerado por el tribunal.

El magistrado Víctor Barragán indicó que en la resolución se atiende un principio básico de la justicia, la igualdad (determinada desde el principio del surgimiento de los grupos de autodefensa).

El 16 de diciembre, Hipólito Mora y su grupo de guardias rurales se encontraban en una barricada en la entrada de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, o La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, cuando llegaron los seguidores de El Americano, y tras unos alegatos se enfrentaron. Murieron cinco allegados a Mora, entre ellos su hijo, y seis seguidores de Torres González.

Al igual que en el caso de Hipólito Mora y su gente, el magistrado tomó en cuenta tres aspectos para liberar a El Americano: que su grupo de autodefensa se integró a la Fuerza Rural, con el reconocimiento institucional.

Dos, el carácter humanista, ya que tomó en cuenta el respeto a los derechos humanos.

Y, tres, la aplicación del marco normativo del estado, donde se acreditó la legítima defensa de los imputados en los hechos que motivaron el enfrentamiento.