o cabe duda que la política neoliberal de México ha cambiado muchas cosas en nuestro país. Hace poco más de 30 años, cuando se adoptó este modelo, se crearon o inventaron muchas expectativas que hicieron creer que poco faltaba, nos decían, para que con visión, esfuerzo y apertura económica llegáramos al paraíso de oportunidades crecientes, así como a los mayores niveles de empleo, productividad, eficiencia y bienestar para la población.

Hoy, 33 años después, los resultados en la realidad son muy diferentes y, sin embargo, se siguen repitiendo los mismos argumentos, a veces con más insistencia, para convencernos de que vamos bien, de que sólo es cosa de tiempo, que tenemos que creer en el mercado y la libre competencia y en olvidarnos cada vez más de aquello que fue una extraordinaria intervención del Estado en la economía, previa a la implantación de dicho esquema para México.

Los resultados actualmente son muy pero muy diferentes a las promesas y engaños de esa época. La pobreza de los mexicanos abarca ya más de la mitad de la población, la concentración del ingreso es cada vez más elevada en favor de menos grupos; la desigualdad y la marginación crecen todos los días de manera indignante, casi como un insulto a los principios y valores de nuestra cultura. Además, una creciente inseguridad y temor cubre más al país y a la gran mayoría de las personas. La corrupción y la impunidad han llegado a límites de vergüenza histórica, pero también se nota ausente la indiferencia y la carencia de una política adecuada, eficaz y con afán de justicia.

El país tiene cada vez más empresarios arrogantes, sin sensibilidad, y caciques políticos en los estados que hacen lo que se les pega la gana, sin que nadie los detenga. Hay ejemplos claros de empresas y autoridades municipales y estatales que se coluden para hacer negocios y explotar en condiciones inhumanas la fuerza de trabajo y los recursos naturales de la nación. Los abusos y el tráfico de influencias, más la complicidad y la corrupción rampante están llevando al país al desastre y a riesgos inminentes de inestabilidad social.

Es el caso de muchas empresas nacionales y extranjeras que frecuentemente pasan por encima de la ley, violan la Constitución y los derechos laborales y humanos, sin que nadie les ponga freno. Más bien las apoyan, las justifican y les permiten hacer lo que ellas y sus intereses arbitrariamente quieren.

Es lo que ocurre con la importante empresa Arneses y Accesorios de México, SA, la compañía de autopartes originalmente PKC de Finlandia, que está ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila, en la frontera con Estados Unidos. Desde 2007 las trabajadoras y los trabajadores de esta compañía decidieron afiliarse al Sindicato Nacional de Mineros y abandonar y renunciar a la CTM de Coahuila, dirigida por un gris aspirante a cacique de ese estado. Ello porque nunca atendieron sus demandas y, al contrario, ese sujeto y sus cómplices mantuvieron amenazas y hostilidad constantes hacia los trabajadores que querían ejercer su derecho a la libertad de asociación, garantizado en la Constitución y en convenios internacionales, como el 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta compañía de Arneses y Accesorios de México, que cuenta con 5 plantas y más de 7 mil trabajadores, de inmediato se amafió con el charro Tereso Medina; solicitaron el apoyo de las autoridades municipales y del trabajo, así como del mismo gobernador Rubén Moreira, para impedir a cualquier costo que los trabajadores y trabajadoras se afiliaran a uno de los más democráticos sindicatos como es el de los mineros, llegando al extremo de amenazar, reprimir y despedir injustificada y arbitrariamente a varias personas que externaron y lideraron este movimiento hacia la libertad sindical.

Todos juntos, empresa, CTM, autoridades y medios de comunicación se coludieron para impedir que la voluntad del personal se ejerciera conforme a su derecho.

Nadie de ellos los defendió, a pesar de todas las evidentes represalias y pésimas condiciones laborales y de vida en que se encuentra la gran mayoría de los que aportan su trabajo a esas plantas maquiladoras de la frontera norte del país. Solamente el Sindicato Nacional de Mineros, contra todo y contra todos, defendió a las y los trabajadores. Presentó demandas jurídicas contra la empresa, abanderó y se solidarizó en esa lucha y, finalmente, el pasado 16 de abril se logró que cuatro trabajadores que habían sido despedidos fueran reinstalados en sus puestos, que les paguen los salarios caídos desde la fecha de su despido y que continúen con su aspiración y su derecho de escoger a la organización sindical que les satisfaga y a la cual quieran pertenecer.

En efecto, la sala especial número 15 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tomó una decisión, en pleno uso de sus facultades y afortunadamente con un presidente más imparcial, lo cual a los mineros nos hizo volver a confiar en la honorabilidad de algunas autoridades laborales, que todavía existen y que actúan con honestidad y transparencia. Esta es una derrota del charrismo sindical de la CTM local de Coahuila y sus aspirantes a caciques, que están acostumbrados a ejercer la represión y el control bajo sus reglas, basados en las prácticas obsoletas que tanto daño han hecho a la imagen del liderazgo sindical y que los enemigos de la clase trabajadora utilizan permanentemente para denigrar y atacar a la verdadera fuerza política de las organizaciones sindicales democráticas, como los mineros, que se oponen, luchan y resisten por evitar mayor corrupción y pérdida de imagen de los luchadores sociales verdaderos y auténticos.

Este triunfo de la justicia laboral y de los trabajadores tiene ahora que consolidarse de inmediato, ordenando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la reinstalación de los dirigentes y trabajadores, para no dar espacio a esta compañía a que ignore las leyes mexicanas, ni tampoco permitir que se amafien de nuevo los charros de Coahuila, los políticos locales y los medios para evitar que la legalidad se concrete. Contra los abusos, deben aplicar la ley con apego a la justicia, el respeto y la dignidad.