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Para junio de ese año, cuando vence el plazo legal, sólo habrá bases del sistema

Tiran la toalla en el objetivo de aplicar integralmente los juicios orales en 2016
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de mayo de 2015, p. 11

En junio del año entrante, cuando vence el plazo legal para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal en México, sólo habrá bases del mismo.

En adelante, dijo la responsable de coordinar el proceso, María de los Ángeles Fromow, se requerirá dar seguimiento y crear una instancia de evaluación y perfeccionamiento del sistema. En Chile y Colombia tardaron 15 o 20 años en ponerlo en marcha, comentó.

Entonces, la evaluación se hará en el corto y mediano plazos. Esto va a llevar un tiempo de adecuación, fortalecimiento y capacitación de los profesionales. Para 2016 dejaremos las bases, señaló la funcionaria.

La transformación en el país es muy grande, porque es necesario incorporar la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes y la Ley de Ejecución Penal, así como otras normas, como la justicia militar.

El seguimiento incluye la contabilidad de jueces certificados, recursos asignados y la entrada en vigor por municipio.

En el caso de Chihuahua, una de las entidades con mayor avance en este proceso (el inicio de la puesta en marcha fue en 2007), se indica que en 2014 recibió casi 40 millones de pesos para continuar con este objetivo.

En la página de la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal hay un cronómetro; ayer en la tarde faltaban 387 días, seis horas y 21 minutos para el vencimiento del plazo de lo que las propias autoridades definen como un reto.

El 18 de junio de 2008 se publicaron las reformas constitucionales que marcan la forma y ritmo de los cambios, mejor conocido como el sistema de los juicios orales (sistema penal acusatorio adversarial), con base en el cual se promueve la presunción de inocencia y se obliga a los jueces a escuchar con imparcialidad los alegatos de los involucrados.

Este nuevo sistema penal tiene como objetivo garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a las víctimas, la presunción de inocencia, la reparación del daño y, en consecuencia, una nueva racionalidad para la ejecución de penas.

El sistema actual tiene rasgos inquisitoriales en los procesos escritos. Sin embargo, el gran cambio representa crear o adecuar nuevas figuras jurídicas, capacitar a jueces y abogados e incluso, en muchos casos, preparar o construir espacios físicos para el cabal desarrollo de las audiencias orales, que ahora serán públicas.

Fromow destacó la necesidad de plantear una estrategia para el lapso posterior al vencimiento del plazo legal. Se van a sentar las bases, pero ello no quiere decir que el sistema esté perfecto ni que todo esté acabado; requerirá de un seguimiento.