esde el gobierno de Miguel Alemán Velasco se dio a conocer que en Veracruz se cuenta con un atlas de riesgo, una suerte de mapeo de las regiones del estado altamente susceptibles de enfrentar accidentes, provocados no sólo por la actividad industrial y petrolera, sino en particular por la topografía de una entidad por la que pasa la tercera parte de los escurrimientos naturales del país.

Los 700 kilómetros de costa e innumerables asentamientos poblacionales de elevada marginación en zonas de altísimo riesgo por la probabilidad de inundaciones y deslaves forman un escenario en el que resulta difícil vaticinar con pre- cisión un comportamiento climático cada vez más errático a fin de prever desgracias humanas y pérdidas materiales.

Casi cada año en la temporada de lluvias, poblaciones asentadas en laderas de cerros son dañadas por deslaves ocasionados por la intensidad pluvial y la falta de infraestructura pública; además, naturalmente, de la ausencia de inversión en programas de prevención y de reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo. En la región central del estado, con gran densidad de población y particulares condiciones topográficas, es donde más ocurren pérdidas de vidas.

Esta semana en Calcahualco, cerca de Coscomatepec, murieron seis personas, cerca del lugar donde hace dos años falleció una familia completa. Que las dificultades económicas del estado, provocadas por los responsables de una mala administración de los recursos públicos, impiden la inversión en infraestructura pública o reubicación, tampoco puede ser un pretexto cuando los anunciados ajustes económicos no comprenden, por ejemplo, la altísima nómina de una burocracia que pocos resultados positivos ha dado a la entidad.

Podrá no pagarse a proveedores y empresarios, pero en temas de protección ciudadana el erario no debiera escamo- tearse, ni mucho menos destinarse a otros fines. Calcahualco es el ejemplo de lo que sucede cuando se decide sin un verdadero compromiso social.