Río de Janeiro.

Han sido dos largas sesiones, con infinitos discursos proferidos en el insólito idioma que hablan los magistrados cuando quieren demostrar erudición. Pero al principio de la noche de este jueves, todo se hizo claro y comprensible cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) dictó su fallo: las escandalosas maniobras llevadas a cabo en la Cámara de Diputados por su presidente, Eduardo Cunha, y aliados, fueron anuladas.

Así, el rito del juicio político que pide la destitución de Dilma Rousseff tiene que empezar de cero. Y más: le toca al Senado, y no a la cámara baja, decidir si se aparta o no la mandataria en el curso del proceso. Los diputados opinan, pero no determinan: lo hacen los senadores.

Otro punto crucial: la decisión sobre los integrantes de la Comisión Especial que decidirá, en la Cámara de Diputados si se acepta o no tramitar el pedido de juicio, será responsabilidad de los jefes de bancada. La palabra final vendrá del pleno a votación abierta. Como se recordará, Cunha alentó a adversarios y enemigos declarados de Dilma a presentar una lista distinta a la elaborada por los jefes de bloques y bancadas. Sometida a votación secreta, la lista de los defensores del impeachment obtuvo mayoría. La Constitución determina que las votaciones sean abiertas, en nombre de la transparencia (y, claro, para evitar traiciones).

Respira el PT

Tan pronto se conoció la decisión del Supremo Tribunal Federal, el PT y el gobierno respiraron aliviados. De manera general, el máximo tribunal acató las posiciones defendidas y deshizo los desmandes y abusos de Cunha y sus cómplices. La oposición, a su vez, lamenta que el proceso de destitución haya sido debilitado, y dice que perdió el espacio conquistado.

Por espacio conquistado léase aquello que, a raíz de las maniobras de Cunha, ponía el juego en situación de escandalosa desigualdad. Con el fallo de vuelta a cero se restableció el equilibrio.

La tramitación llevará más tiempo. Ya se da por seguro que no pasará nada antes del fin del receso, el 1º de febrero. Ocurre que estamos en Brasil, y ciertas costumbres son sagradas. Es decir, antes del fin del carnaval (el miércoles 10 de febrero), nada será decidido.

Más de dos meses y medio para que tanto los que quieren a cualquier costo destituir a Dilma como los que defienden el orden democrático reúnan fuerzas; serán más dos meses y medio de la virtual parálisis que afecta al país desde el pasado marzo. En total, un año de parálisis. Se prevé un principio de año con los impactos de la crisis renovando fuerzas: inflación, desempleo y recesión.

Y sobre este panorama de tinieblas, un dato que gana peso cada día: los operativos del Ministerio Público y de la policía federal, que se vuelven más intensos y más cerrados.

Este jueves en que sufrió pesada derrota en el STF, que finalmente surgió como única entidad capaz de, al menos hasta ahora, poner freno a sus maniobras, Eduardo Cunha oyó algo inquietante: agentes que examinan el material incautado en los allanamientos realizados tanto en sus residencias como en las oficinas de la presidencia de la cámara baja dijeron que si no estuviera protegido por el fuero parlamentario sería encarcelado inmediatamente (la Constitución brasileña determina para quienes tienen fueros especiales que sólo podrán ir a prisión cuando sean atrapados en flagrancia).

Los operativos seguirán sin tregua. En el curioso y universal léxico de la policía, se da por cierto que muchos peces gordos caerán en la red.

Dilma Rousseff, mientras tanto, tiene una formidable pila de problemas que amenazan su sueño. Es verdad que el pasado miércoles los casi cien mil manifestantes que marcharon en ciudades brasileñas en rechazo a su destitución con la consigna: ¡no al golpe! superaron, en números, a los que el domingo anterior desfilaron al grito de: ¡fuera Dilma!

También es verdad que el fallo del STF desmanteló una estructura tan espuria como peligrosa, armada en la Cámara de Diputados.

Pero es igualmente verdadero que la salida de Joaquim Levy del Ministerio de Hacienda, prevista para fin de año, abre un fuerte interrogante sobre qué pasará con su ultraortodoxo plan de ajuste, que despertó esperanzas en la banca y furia en los movimientos sociales tradicionalmente aliados del PT.

En medio de un juicio de destitución y la tensión reinante, será casi imposible para la mandataria encontrar un sustituto que sea del agrado del capital financiero nacional e internacional y, al mismo tiempo, aceptable para sus seguidores.

Levy cayó por dos motivos. Primero, por exagerar en la dosis de la medicina que quería aplicar al país. Y segundo, porque una de las razones para nombrarlo era su capacidad para impedir que las agencias calificadoras rebajaran las notas de Brasil.

Bueno, en septiembre, lo hizo Standart&Poor’s. Y este miércoles, Fitch. Así que se llegó a la conclusión de que su polémica presencia en un gobierno de izquierdas se mostró, además de incómoda, inútil.