Madrid.

En la quinta sesión del juicio oral en el caso Nóos, en el que se sienta como imputada por primera vez en la historia de las monarquías europeas a una integrante de la realeza, Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, compareció un testigo clave: el contador de la empresa creada para malversar fondos públicos.

El Instituto Nóos, como llamaron a la empresa ficticia Borbón y su marido Iñaki Urdangarín, tenía en su plantilla de trabajadores a familiares y personajes ficticios, con la intención de cumplir los requisitos de los concursos públicos.

Marco Antonio Tejeiro fue el contador de confianza de Urdangarín y su esposa, quien diseñó el plan para que desde ese empresa ficticia se concurriera y beneficiara de numerosos contratos públicos adjudicados por diversos gobiernos locales, como el de Madrid, Valencia e islas Baleares. Tejeiro ofreció datos de interés para el proceso, una vez que confirmó las sospechas de la fiscalía y del juez instructor, José Castro, que la empresa desde la que se creó la red de corrupción en realidad era una tapadera y que ni siquiera cumplía con los requisitos mínimos para ganar la licitación de un contrato público.

Tejeiro ya había confesado lo dicho ante el tribunal en una declaración escrita. Sostuvo también que Urdangarín y su socio, Diego Torres, montaron el entramado de Nóos para desviar fondos públicos hacia sus empresas privadas, que se rellenaban los gastos con facturas públicas y tenían en nómina empleados ficticios.

El Instituto Nóos era el que facturaba hacia fuera, el que recibía los ingresos y las facturas que la entidad abonaba a las empresas de Torres y Urdangarín por servicios muchas veces inexistentes era para sacar los beneficios para los socios de todo el conglomerado, explicó.

La incorporación de falsos empleados tenía como propósito que la empresa de los Urdangarín-Borbón obtuviera beneficios fiscales por el volumen de trabajadores que acumulaba, para lo que utilizaron a madres de familia numerosa para conseguir deducciones fiscales extra y justificaron como teletrabajo la incorporación de personas que vivían fuera de Barcelona, donde Aizoon tenía su sede social en la residencia familiar de los duques.

El juicio oral, que está en su fase inicial, podría suponer la primera condena criminal a una integrante de una casa real europea, Cristina de Borbón, quien se enfrenta a una petición de condena de la acusación particular de hasta ocho años de cárcel.