El Poder Judicial de la Federación otorgó un plazo de cinco días a las comisiones de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados para que cumplan con su obligación legal e integren la Subcomisión de Examen Previo, la cual tiene un rezago de 300 solicitudes de juicio político de 12 años a la fecha. Si la orden fuese ignorada los legisladores federales incurrirían en desacato.

El juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México notificó a la Cámara de Diputados que –a partir de este miércoles– el plazo para constituir la subcomisión vencerá el domingo próximo.

Blanca Lobo Domínguez, juez de la causa, dictó un fallo en favor del juicio de amparo promovido por el abogado Horacio Culebro, quien desde 2014 solicitó al Poder Judicial instruir a la Cámara de Diputados para integrar la Subcomisión de Examen Previo y dar cauce a decenas de demandas de juicio político.

La resolución se turnó ayer a las comisiones de Gobernación y Justicia en San Lázaro para que ambas cumplan con los requerimientos correspondientes, ‘‘y en el término de cinco días informen si ya fue integrada la Subcomisión de Examen Previo, y quiénes la conforman, o en su caso los trámites a seguir para lograr ese objetivo y el nombre de las autoridades que deben intervenir para tal efecto’’.

El documento advierte a los legisladores que deberán exhibir copia certificada de las constancias con las que acrediten la constitución de la subcomisión. Y apercibe ‘‘que de no dar cumplimiento con lo anterior se les impondrá una multa de cien días de unidad de medida y actualización, y en caso de no cumplir con lo ordenado, o bien de eludir el acatamiento del fallo, se procederá a la separación del cargo de la autoridad contumaz (todos los diputados que integran las comisiones de Gobernación y Justicia, encabezados por sus presidentes, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa), y se les consignará al juez de distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo’’.

El resolutivo manifiesta la necesidad de hacer del conocimiento de los diputados los términos de los castigos, y ‘‘aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo, y por tal razón podrán ser consignados’’.