El proyecto de dictamen del sistema nacional anticorrupción presentado por el presidente de la comisión en la materia del Senado, Pablo Escudero, se basa fundamentalmente en la iniciativa de PRI y PVEM, y deja fuera la parte central de la llamada ley 3 de 3, ya que establece que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y su cónyuge sólo podrán hacerse públicas si éstos lo autorizan.

Los senadores Armando Ríos Piter y Juan Carlos Romero Hicks coincidieron en que insistirán este lunes, cuando se discutirá el proyecto en comisiones, en que se incluyan las 30 observaciones que formularon, entre ellas la obligatoriedad de los funcionarios de hacer públicos sus bienes y fortunas, junto con la de su familia, hasta el segundo grado.

La discusión puede prolongarse, aunque la intención de PRI y PVEM es que el dictamen se apruebe en lo general y llevar la discusión en lo particular al pleno del Senado, durante el periodo extraordinario, que, de aprobarse, comenzaría el 13 de junio.

El proyecto de dictamen que Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, circuló el vienes por la noche entre los integrantes de las comisiones dictaminadoras y remitió al presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Zuarth, no establece que sea obligatorio que los servidores públicos presenten públicamente su declaración de bienes.

El documento de 782 páginas –incluye la transcripción de los foros de consulta realizados y un análisis de las cuatro iniciativas anticorrupción– dedica al tema de la declaración patrimonial una amplia explicación, a fin de sustentar la tesis de que deben conjugarse dos derechos fundamentales: el de la sociedad de conocer los bienes de los servidores públicos durante su gestión, y el de ellos a preservar su vida íntima, se detalla en la exposición de motivos de la propuesta de ley de responsabilidades, una de las siete que conforman el sistema nacional anticorrupción.

Se propone establecer una versión pública de la declaración patrimonial de los servidores públicos, que no incluirá montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y muebles.

Esos y los demás datos contenidos en la declaración patrimonial sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor.

Se argumenta que esos datos estarán reservados, porque corresponden a la esfera de la privacidad más íntima de los servidores públicos, así como de sus cónyugues y dependientes económicos, a efecto de que no se configure un daño excesivo a la intimidad, incluso a la seguridad de las personas.

El senador Ríos Piter expuso que comenzaron a analizar el proyecto que Escudero les remitió, pero de entrada votarán contra esa propuesta e insistirán en que la publicidad de la declaración patrimonial debe ser obligatoria para el funcionario y su familia hasta el segundo grado, como se planteó en la iniciativa ciudadana conocida como ley 3 de 3.