iles de maestros y jubilados son los primeros damnificados de la virtual quiebra del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, proceso acumulado en los tres años recientes y precipitado dramáticamente desde la derrota del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del 5 de junio.

Parcialmente contenida por el fallido cálculo electoral, pues durante las campañas se cubrió con relativa normalidad la nómina de pensionados, burócratas y profesores, para los últimos meses del duartismo se prevé una agudizamiento de la crisis social desbordada por la ausencia de pagos a deudores y la falta de liquidez institucional para solventar sus compromisos, pero sobre todo por el valemadrismo del gobierno, más preocupado por resolver sus propias facturas con la Auditoría Superior de la Federación, preparar su defensa legal y tramitar amparos en previsión de la ejecución de cuando menos 18 órdenes de aprehensión emitidas por la Procuraduría General de la República.

De nueva cuenta el magisterio veracruzano salió a las calles y al inicio de la semana tomó oficinas gubernamentales en protesta por la falta de pago de diversos conceptos, circunstancia en la que también se hallan desde los numerosos agremiados a las secciones 32 y 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hasta sindicatos y otras organizaciones consideradas aliadas del gobierno.

Si bien en principio se trató de un paro incidental ante la confirmación de que el gobierno de Duarte sólo cuenta con lo mínimo indispensable para la nómina y no para bonos ni compensaciones que les adeudan desde hace tres años, el movimiento magisterial veracruzano, apuntalado por la Coalición de Pensionados y Jubilados, comienza a sintonizarse con sus pares oaxaqueños y chiapanecos en demanda de la abrogación de la reforma educativa.

Como si le hiciera falta a la administración federal otro foco de conflicto, la anemia económica y la falta de voluntad política de las autoridades para cuando menos paliar la severa recesión y cubrir en forma parcial la cuantiosa deuda acumulada está generando condiciones para la creación de una corriente magisterial democrática en el estado.