La jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, manifestó ayer que la denuncia sobre la construcción de tres residencias en suelo de conservación en el Ajusco, presuntamente pertenecientes a ex funcionarios de la demarcación, no es un asunto político sino un delito ambiental, por el cual ya se presentaron formalmente denuncias en las procuradurías Ambiental y de Ordenamiento Territorial (Paot) y de Justicia capitalinas.

En entrevista posterior a un acto en la zona de hospitales, la funcionaria detalló que se ha acreditado la posesión en dos de las casas. Ellos se dicen propietarios, tan es así que presentaron una inconformidad por el procedimiento iniciado por la delegación.

En la finca del ex jefe delegacional Higinio Chávez fue la esposa, Susana García Cárdenas, quien se apersonó para inconformarse ante el procedimiento iniciado por la delegación, y sus abogados dieron como dirección para recibir cualquier notificación el módulo de atención de su hijo, Luis Ernesto Chávez.

Señaló que los ex funcionarios deberán explicar cómo se apropiaron de suelo de conservación y construyeron una casa de 16 millones de pesos. ¿De dónde sacaron ese dinero?, cuestionó, al señalar que no aún no han presentado ningún permiso para la edificación de las fincas.

El área jurídica de la delegación Tlalpan detalló que se llevó a cabo una verificación en el paraje La Rufina, donde se construyeron las tres casas, determinándose la violación del uso de suelo y su edificación irregular.

La esposa del ex delegado Higinio Chávez presentó un contrato de derechos posesorios, que le cedió Guillermo Vega Camacho, el 10 de marzo de 1999.

Dicho documento no le permite construir en suelo de conservación, por lo que se resolvió imponer una multa de 5 por ciento sobre el inmueble clausurado el pasado 30 de septiembre, al igual que en el caso de Eloy Flores, ex director de servicios urbanos de la demarcación, quien entregó un contrato de derechos posesorios, donde se asienta la venta del predio realizada el 17 de enero de 2008, por Chávez.