Yolanda Guerrero Caballero y Alberto Gutiérrez Robles, dos de los casi 500 pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez, a quienes, entre 2004 y 2009, les fueron colocados sin su consentimiento un implante quirúrgico intercerebral en fase experimental, presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El neurocirujano Rodolfo Ondarza, quien hizo públicos los hechos acontecidos en el instituto, señaló que la queja entregada en febrero pasado al organismo regional de derechos humanos denuncia que los pacientes fueron sometidos a experimentación sin su consentimiento e incluye diversos documentos probatorios del abuso médico.

Entre las pruebas se encuentran múltiples valoraciones clínicas que evidencian las graves secuelas permanentes que impiden a los pacientes utilizados como conejillos de indias a llevar una vida digna. Exigen al Estado mexicano que investigue y se pronuncie ante este crimen de lesa humanidad.

Hay que recordar que este caso ya había sido presentado ante la CIDH en 2010 por Lourdes Walkup Mentado, paciente que fue sometida al mismo procedimiento experimental, pero que falleció a principios de 2016. Ante el deceso, la comisión interamericana solicitó a su representación que llevara nuevamente el caso con persona en vida, situación que ha retomado.

La denuncia señala que el dispositivo elaborado por el médico Julio Sotelo Morales (ex director del INNN de 1998 a 2006), nombrado como sistema de derivación ventrículo-peritoneal de flujo continuo, es un aparato que le fue implantado a los pacientes con diagnóstico de hidrocefaliao que se presumía que la padecían, pero era un instrumento que carecía de certificaciones médicas internacional y nacional.

Este dispositivo no cuenta con una válvula para regular la presión, por lo que solamente funcionaba si la persona se encontraba de pie, ante ello los pacientes tenían que dormir completamente sentados. Los daños de ese implante cerebral son irreversibles porque prácticamente está encarnado en el cerebro de las víctimas, por lo que las operaciones para retirarlo son casi imposibles, señala la denuncia.

El dispositivo también carecía de autorización para emplearse en seres humanos, de acuerdo con un informe elaborado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México, el cual señaló que el aparato estaba en fase experimental y que se implantó sin el consentimiento que requiere este tipo de operación.