Xalapa, Ver.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó al gobierno de Veracruz su informe de alerta de género por agravio comparado, el cual concluye que las mujeres veracruzanas no gozan de pleno reconocimiento, ni ejercen sus derechos sexuales y reproductivos.

En el informe se hacen planteamientos a Congreso estatal, Secretaría de Salud, Fiscalía General del Estado, Poder Judicial y Ejecutivo del estado para revertir la tipificación del delito de aborto y la inadecuada prestación de servicios de salud.

La administración de Miguel Ángel Yunes tiene 15 días para rechazarlo o aceptarlo. Si lo repudia, el gobierno federal tiene la facultad de emitir de manera inmediata la alerta de violencia de género, y si la acepta tiene seis meses para cumplir con las recomendaciones.

El grupo de trabajo argumentó que en la entidad el acceso efectivo y seguro a los servicios de interrupción legal del embarazo es necesario para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo los sexuales y reproductivos. Es lamentable que las mujeres continúen enfrentando una regulación restrictiva, en la que destaca la ausencia de la causal de riesgo para su salud en el Código Penal, señaló.

Alta tasa de muerte materna

Esta situación, dijo, contribuye a la alta tasa de muerte materna en la entidad; específicamente 10.2 por ciento es provocada por aborto y 27.1 por ciento por causas obstétricas indirectas.

Precisó que de las 22 muertes maternas documentadas en 2014 por abortos inseguros y causas obstétricas, algunas pudieron evitarse si estuviera vigente la causal legal de riesgo para la salud y el acceso efectivo a servicios seguros de interrupción legal del embarazo.

Respecto del aborto, resalta el caso por violación, legal en todo el país pero con limitado o nulo acceso en Veracruz, por lo que sugirió revisar ese capítulo en el Código Penal estatal para no considerar delito la interrupción voluntaria del embarazo, cuando menos durante las primeras 12 semanas de gestación.

Asimismo, agregar la causal de riesgo para la salud y mantener las de imprevisto, violación sexual o inseminación artificial no consentida (sin restricción temporal), peligro de muerte para la embarazada y alteraciones físicas o mentales del producto.

En el informe, el equipo de trabajo pidió a las autoridades estatales generar las políticas públicas necesarias para atender el aborto como un problema de salud pública y no de política criminal.

Este informe tiene como antecedente la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para 11 municipios de Veracruz, emitida por la Secretaría de Gobernación en noviembre del 2016.