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Vecinos de El Molino, dispuestos a defender a golpes el Cinturón Verde

Recriminan la comercialización indebida que el grupo de Rafaela Romo da al predio

Se trata de intereses políticos y mezquinos, responde la dirigente

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Las organizaciones antagonistas afirman que pretenden que el predio sea recuperado para beneficio de los habitantes, pero afirmaron que el gobierno no ha intervenido con el fin de solucionar la confrontaciónFoto Rocío González
Rocío González Alvarado
 
Periódico La Jornada
Sábado 29 de abril de 2017, p. 27

El predio conocido como Cinturón Verde en la colonia El Molino, delegación Iztapalapa, ha generado una disputa entre grupos vecinales, que podría llevar a un enfrentamiento por la ocupación de este espacio.

Habitantes de las colonias colindantes descalificaron el trabajo que realiza un grupo de vecinos, el cual mantiene un campamento en el lugar para, supuestamente, evitar que sea invadido, y exigieron a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México su intervención con el fin de que se recupere ese terreno y sea destinado a obras de equipamiento y servicios.

Mercedes Serrano, de la unidad habitacional Cananea; Celia Bahena, de Moyocollani, y Marco Flores, de San Lorenzo, aseguraron que desde 2015 han enviado escritos a los gobierno central y delegacional, donde les hacen saber el malestar que existe entre la comunidad por el manejo de ese espacio a cargo de un grupo encabezado por Rafaela Romo.

En particular, cuestionaron la apropiación del centro recreativo y cultural denominado Poder Popular, donde, al igual que en el campamento, se realizan actividades para lucrar política y económicamente con la gente que apoyan, cuando anteriormente era administrado por la delegación.

Un ejemplo de ello, apuntaron, es la celebración del Día del Niño, en la que se realizará una carrera de bicicletas, con juegos y reparto de dulces, con un costo de 10 pesos el boleto, según el volante que se repartió en la zona.

Advirtieron que de no ser escuchados por las autoridades comenzarán movilizaciones y cierres de calles con el objetivo de que se rescate este espacio, se reubique el campamento y se haga cumplir el decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación en 1993, el cual daba cuenta de la donación del terreno para equipamiento urbano. La gente está dispuesta a llegar hasta los golpes, advirtieron.

Al respecto, Rafaela Romo, quien es respaldada por otro grupo de vecinos, lamentó que haya intereses políticos y mezquinos en contra del trabajo que realizan, tras señalar que todos los servicios que prestan a la comunidad son gratuitos.

Buscan desvirtuar nuestra labor, porque les hacemos sombra, pero el único lugar donde se cobra 10 pesos la comida es en el comedor comunitario que tenemos con el DIF, expuso.

Expresó que al igual que sus detractores, lo que busca es que el espacio sea ocupado para beneficio de los habitantes. En el momento en que el gobierno entre y ponga en la mesa un proyecto social nos vamos. Ya lo hemos pedido, pero no ha habido respuesta, indicó.

Integrantes de ambos grupos aseguraron haber recibido amenazas de muerte y agresión de la contraparte.