Quito.

La Asamblea Nacional ecuatoriana convocó al contralor general Carlos Pólit para someterlo a juicio político, luego de que la semana pasada fue vinculado con el cobro de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. De igual forma llamó al fiscal general, Carlos Baca, para que informe sobre el estado de la investigación.

En Panamá, una fiscalía anticorrupción interroga al ex candidato presidencial oficialista por las supuestas donaciones que habría hecho Odebrecht a su campaña en los comicios pasados.

José Domingo Arias, del partido Cambio Democrático, del ex presidente Ricardo Martinelli, debe explicar a la fiscalía las aseveraciones de los estrategas brasileños Joao Santana y Mónica Moura, quienes declararon que Odebrecht habría aportado significativamente a la costosa campaña de esa fuerza política, que terminó perdiendo los comicios de 2014.

La fiscalía de Ecuador detuvo a cinco personas y allanó 18 propiedades, entre ellas las de un familiar del vicepresidente Jorge Glas y de Pólit. El contralor general, quien se encuentra en Miami desde el 26 de mayo por razones médicas, envió un poder especial a dos abogados para que lo representen. De acuerdo con documentos de la fiscalía, Pólit está acusado de pedir contribuciones económicas abusando de su autoridad, pero no se conocen más detalles.

El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista José Serrano, informó que se creará una comisión multipartidista para que viaje a Brasil y Estados Unidos, con la finalidad de recabar información de manera directa sobre el caso Odebrecht ante las autoridades competentes de esas naciones.

Ejecutivos de esa firma admitieron haber repartido en Ecuador 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios a cambio de la adjudicación de obras. Por el caso permanecen en prisión el ex ministro de Electricidad Alecksey Mosquera y un empresario acusado de actuar como testaferro para la transferencia de un millón de dólares.

Ecuador ha intentado suscribir un acuerdo judicial con Odebrecht, pero aún no ha podido concretarlo porque la compañía ha pedido a cambio ser eximida de responsabilidades judiciales y económicas, y que se le garanticen nuevos contratos para pagar eventuales indemnizaciones.

La fiscalía también revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados. El gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) impulsó proyectos por alrededor de mil 600 millones de dólares con Odebrecht.

Vamos a dar las explicaciones que la procuraduría y la fiscalía (anticorrupción) estimen, manifestó Arias antes de la indagatoria. Martinelli, quien está fuera del país desde hace más de dos años, y sus colaboradores más cercanos en Panamá afirmaron que desconocen dichas aportaciones.

Al menos 36 personas han sido imputadas más de 50 millones de dólares en dinero y bienes fueron congelados dentro y fuera de Panamá vinculados con el escándalo, según la fiscalía general.

El presidente Juan Carlos Varela no ha escapado del torbellino de denuncias y se vio obligado a divulgar los nombres de los donantes de la campaña que lo llevó a la victoria en 2014, luego de que su ex ministro consejero y estrecho correligionario Ramón Fonseca dijera que Odebrecht había aportado a la campaña electoral.