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Reclamantes de predio exigen que no se autoricen obras hasta que se resuelva el litigio

Trámite ante la Semarnat y una disputa legal frenan proyecto de Sempra Energy
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En octubre de 2016, la empresa Energía Costa Azul, propiedad de IEnova, filial del consorcio estadunidense Sempra Energy, colocó dos tanques de procesamiento de gas junto a un complejo turístico de 700 viviendas en Bajamar, municipio de Ensenada, Baja California. Habitantes manifestaron su inconformidad e indicaron que la planta es un peligro latenteFoto Édgar Lima / La Jornada Baja California
La Jornada Baja California
Periódico La Jornada
Martes 27 de junio de 2017, p. 23

Tijuana, BC.

Una solicitud de información adicional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el proyecto para que Sempra Energy convierta sus instalaciones en una planta de licuefacción, y un litigio ante el Tribunal Agrario interpuesto por los empresarios Abraham Hanono Raffoul y Salomón Arya Furst contra la trasnacional por la propiedad de uno de los terrenos donde se construyó la regasificadora, han retrasado la autorización para que la empresa estadunidense concrete dicho proceso.

El año pasado Sempra solicitó al gobierno federal autorización para modificar su regasificadora, a fin de licuar gas natural para exportarlo desde Baja California al mercado asiático. Para ello, presentó una manifestación de impacto ambiental (MIA) ante la Semarnat y un estudio de impacto social a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Consultada por La Jornada Baja California, IEnova, filial mexicana de Sempra Energy –a cargo del proyecto ECA Licuefacción–, confirmó: “La ASEA –dependiente de la Semarnat– solicitó información adicional del proyecto, medidas de mitigación de los impactos ambientales y algunas aclaraciones sobre el estudio de riesgo”. También aclaró: Es parte normal del proceso solicitar información adicional y nos encontramos dentro del plazo.

Sin embargo, Sempra no sólo ha tropezado con requisitos. En una carta dirigida a Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Semarnat, el abogado Rafael Z. Flores González, en representación de Hanono Raffoul y Arya Furst, le pidió que se abstenga de autorizar una instalación industrial más o alguna reconfiguración de la planta ya existente ubicada en la colonia Agrícola Costa Azul, en la zona La Misión-Bajamar, en tanto no se resuelva en forma definitiva el conflicto sobre la localización y legitimación de los títulos de la propiedad donde se estableció dicha planta, en forma específica, el conflicto jurídico que se ventila en el expediente agrario 42/2006.

El abogado hizo llegar a Pacchiano, con copia para los funcionarios de la ASEA y de la Secretaría de Energía, un abultado expediente con peritajes que muestran la existencia de un conflicto sobre la legitimidad de los títulos de propiedad y su localización física.

El expediente agrario 42/2006 se encuentra en etapa del desahogo de pruebas periciales de topografía. Los demandantes muestran que Sempra construyó sobre varios lotes, entre ellos el número 2, que corresponden a la colonia Agrícola Costa Azul (primera sección), a pesar de que los títulos de propiedad que exhibió en su solicitud para edificar pertenecen a los lotes 24, 25, 26 y otros de la segunda sección de dicha colonia, localizados varios kilómetros al sur.

El documento entregado a la Semarnat incluye una serie de resoluciones de los tribunales agrarios, que ya reconocieron el traslape de terrenos y títulos de propiedad, por lo que el representante legal de los dueños de los lotes expone:

A pesar de la clara y anómala situación jurídica de los títulos de propiedad y la errónea localización física, en diciembre de 2016 se presentó un estudio de riesgo para el proyecto de licuefacción de gas natural en Energía Costa Azul y la evaluación de impacto social, y podemos presumir que tampoco ha declarado los riesgos asociados a los títulos de propiedad, base fundamental de la certidumbre y conflictividad social reconocidos en acuerdos internacionales y las leyes mexicanas.

Es decir, la empresa Energía Costa Azul –propiedad de Ienova–, ignorando el riesgo jurídico que representa la confusión y errónea localización de sus títulos de propiedad, pretende con base en ellos ampliar en forma considerable las instalaciones de su proyecto, apunta el abogado.

Flores González pide a los funcionarios federales recordar la importancia de la seguridad jurídica, es decir, sin la invasión y quebranto de derechos de terceros, como es el caso de sus representados, dueños legítimos del lote 2 de la primera sección de la colonia Agrícola Costa Azul y les advierte que no se encuentran en posición de resolver sobre la solicitud para ampliar las instalaciones ubicadas en esa localización hasta que se resuelva en forma definitiva la legítima propiedad de los predios en los que se ubican.

El abogado cita la ley vigente a partir de la reforma energética (2014), que amplía las garantías de los dueños de la tierra (sobre todo de los grupos indígenas) en el desarrollo de proyectos como los de Sempra.

El proyecto ECA Licuefacción es uno de varios que Ienova tiene, y uno de los tres proyectos de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) que planea realizar la trasnacional. Los otros dos son Port Arthur LNG, en Texas, y Cameron LNG, que se realiza en Louisiana.