Lisa, de 33 años, decidió participar en Tabasco en un acuerdo de gestación subrogada en enero de 2015 para una pareja homosexual de San Diego, California. Nunca firmó un contrato, pero una agencia le prometió que se le ayudaría con sus estudios y que recibiría una compensación económica de 10 mil pesos mensuales, lo que nunca obtuvo. Cuando ella y Eduardo, uno de los padres intencionales, se dieron cuenta de ello, decidieron seguir el trato, pero sin intermediarios.

En octubre de ese año el bebé nació prematuro y con complicaciones en su salud que requirieron costosos cuidados. Eduardo desapareció y no se hizo responsable. Para que el recién nacido pudiera acceder a la seguridad social, Lisa y su esposo lo registraron a su nombre, lo llamaron Rodolfo Valentino. Lo integraron a su familia –con dos hijos más–, pero en julio de este año el estadunidense regresó, y con amenazas y engaños se llevó al menor, de un año nueve meses.

Hasta ahora, las autoridades de Tabasco no han tomado acciones encaminadas a recuperar al menor. Lisa y su familia temen por la integridad de Rodolfo Valentino, pues requiere de medicinas y cuidados especiales que Eduardo ignora, denuncia el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) en un informe sobre gestación subrogada, el primero sobre el tema en México, que se presentó ayer.

En el reporte, esta agrupación difunde una serie de casos en Tabasco –una de las dos entidades que reconocen la figura de la maternidad subrogada, la otra es Sinaloa– donde hay varias constantes que vulneran los derechos humanos de los participantes en esta práctica: criminalización de las mujeres gestantes, bebés sin actas de nacimiento y algunos desaparecidos, padres intencionales discriminados por ser solteros, homosexuales o extranjeros.

Éstas son algunas de las consecuencias de la omisión del Estado mexicano de legislar los acuerdos de gestación subrogada con una perspectiva de derechos humanos, así como de la deficiente regulación en el tema en Tabasco, expusieron en conferencia al presentar el reporte Regina Tamés, Alex Alí Méndez e Isabel Fulda, directora, coordinador de litigio y coordinadora de investigación de Gire, respectivamente.

Desde 1997 en Tabasco se reconoce en el código civil este proceso, pero debido a que hubo una sobredemanda de personas solteras y parejas (homo y heterosexuales) provenientes de España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Israel y otras naciones, el Congreso local aprobó en 2016 modificaciones para poner candados. Pero de acuerdo con Gire, esto, lejos de beneficiar, ha generado más problemáticas y deja a los participantes en el proceso en vulnerabilidad.

Emiliano y Mariana viven en Tamaulipas y hace un par de años viajaron a Tabasco para participar en un programa de gestación subrogada. En septiembre de 2016 nacieron sus hijos gemelos, pero el registro civil del estado les negó la emisión de actas de nacimiento para los bebés y la única justificación era que probablemente el contrato era falso. Por seis meses los menores no tuvieron actas, lo que les impidió acceder a servicios de salud. La familia tuvo que ganar dos juicios de amparo para que les fueran otorgadas.

Valeria es tabasqueña y tiene dos hijos. Hace unos meses firmó un contrato de gestación subrogada con Michael, un estadunidense. En diciembre del año pasado nació en niño, quien fue sustraído en el mismo hospital por una persona que se identificó como funcionaria del DIF y acusó a Valeria de estar vendiendo niños. Un mes después Michael pudo recoger a su hijo en el albergue del DIF de Villahermosa y realizó los trámites para obtener el pasaporte del menor. Valeria, en tanto, no sólo no ha recibido los pagos prometidos por la agencia, sino que hay una investigación penal en su contra por tráfico de menores.