El Estado mexicano debe establecer una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de la desaparición de personas, enfatizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ante tal situación, urgió a emprender dos medidas inmediatas que lleven a la atención de ese delito: que la Cámara de Diputados apruebe la ley general sobre ese flagelo en su próximo periodo ordinario de sesiones, y que el gobierno federal acepte la competencia del comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre quienes estén sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por parte del Estado, como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –se conmemoró ayer, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, emitió un posicionamiento sobre el tema en el que llama a las autoridades federales y locales a impulsar aún más las acciones en beneficio de los afectados de desaparición forzada y de la cometida por particulares.

Hizo un respetuoso y enérgico exhorto para que se atiendan las 102 propuestas que la comisión formuló en su Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, dado a conocer en abril de este año.

“La atención del problema no debe agotarse con buenas intenciones; se requiere una política integral con decidida participación de todas las autoridades del Estado en su erradicación (…) Para la CNDH, las desapariciones subsisten en el país como consecuencia de la impunidad, traducida en falta de procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas, y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos.”

En tanto, ayer a las cuatro de la tarde, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó a través de redes sociales la campaña Defendamos hoy los derechos de las personas desaparecidas, en la que se insta a las autoridades a reconocer el artículo 31 de la convención internacional para la protección de las personas afectadas por esa grave violación a las garantías fundamentales, para que puedan presentar sus denuncias ante dicho comité.

En conferencia de prensa, diversas ONG que integran la campaña nacional contra la desaparición forzada demandaron que los diputados consideren las observaciones que la sociedad civil ha hecho a la ley en la materia, la cual, subrayaron, debe ser aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones, pues, de no hacerlo, no permitirá ver un cambio real en la situación que hoy vive México en torno a este delito.