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Los abogados de la líder social argentina no fueron avisados del traslado

Milagro Sala cumple ya prisión domiciliaria en una vivienda ubicada a 40 km de su casa en Jujuy
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de septiembre de 2017, p. 23

Buenos Aires.

La dirigente social Milagro Sala, fue trasladada en forma arbitraria, sin avisar a sus abogados, desde el Penal de Alto Comedero en la capital de Jujuy donde estaba detenida ilegalmente a una casa que no es su domicilio, y que tuvo que ser arreglada rápidamente por sus compañeros del Movimiento Tupac Amaru, ya que no tenía ni siquiera puertas ni ventanas, donde permanece rodeada por gendarmes y policías como si fuera otro sistema carcelario.

Cumpliendo tardíamente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIGH) que el 28 de julio pasado demandó su liberación inmediata o su traslado para cumplir prisión domiciliaria, adonde finalmente no fue llevada, Milagro Sala está sometida a un sistema de vigilancia brutal, mientras una cantidad de responsables de cometer graves delitos de lesa humanidad, han sido enviados a sus casas sin ninguna vigilancia.

Sala, también diputada electa del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), corría graves riesgos en la cárcel adonde estaba detenida preventivamente desde el 16 de enero de 2016, por causas fabricadas por una justicia totalmente dependiente del Ejecutivo, como se ha demostrado.

El juez puso una serie de restricciones absolutamente ilegales, que no tienen que ver con lo demando por la CIDH, advirtió la coordinadora de prensa de la Tupac, Sabrina Roth, poco después de conocerse la noticia del demorado traslado, señala Página 12.

La casa que estaba abandonada y saqueada queda en la localidad del Carmen a 40 kilómetros de su domicilio real en la capital jujeña. Para esta detenida a la que se le hizo un juicio escandaloso, por supuestamente arrojar huevos o dar la orden de hacerlo al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009 cuando era senador, lugar donde no estuvo Milagro Sala y los que actuaron eran de otra organización social, se ha trazado un operativo de vigilancia nunca visto en el país, donde se han colocado dos cabinas, una de la Gendarmería y otra de la policía provincial. Esto termina siendo otro sistema carcelario.

Los jueces han determinado que no podrá recibir más cuatro visitas por vez y que podrá recibir en tres días de la semana, los que deberán mostrar sus documentos y serán filmados, con lo que esto significa. En realidad lo único que no puede hacer una persona que tiene domicilio por cárcel, es salir a la calle. Por lo tanto, esto es absolutamente ilegal y una burla a la CIDH señalan dirigentes de la Tupac Amaru, y otras personalidades.

Como señaló Página 12 hay en estos momentos 145 detenidos por crímenes de lesa humanidad en sus domicilios particulares: “ninguno de esos detenidos tiene cámaras de seguridad, que son entendidas como un sistema violatorio de las garantías individuales; no tienen custodia perimetral de fuerzas de seguridad alguna; no tienen restricciones de horarios ni de número de visitas y sólo uno –que violó el beneficio de la domiciliaria– tiene un gendarme parado en la puerta de la casa”.

Esto da la pauta de la gravedad del accionar de la justicia y el Ejecutivo provincial y también en este caso del gobierno nacional.

La CIDH determinó que la dirigente bajó más de 18 kilos de peso y estaba sometida a un hostigamiento permanente, advirtiendo que vivía en una verdadera situación de riesgo durante una visita que realizaron sus titulares a la cárcel de Alto Comedero. La orden de la CIDH que demandaba la liberación de Sala fue enviada a fines de julio, el juzgado se pronunció el 18 de agosto y recién este jueves 31, la trasladan no a su casa sino a ese lugar lejos de todo, con condiciones verdaderamente carcelarias.

Los medios de comunicación poderosos como La Nación publican la foto de una casa, casi una mansión con una pileta de natación, que quizás alguna vez existió en el lugar, mintiendo descaradamente , para crear odio entre la población, señalan organismos humanitarios.

Cada vez se hace más tensa la relación del gobierno con los organismos de Derechos Humanos locales e internacionales y a esta situación se une la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado, artista plástico, artesano que apoyaba el corte de una carretera de unos siete mapuches, cuando fueron reprimidos por más de cien gendarmes, que avanzaron sobre un campamento de esa comunidad, que demanda por sus tierras y la detención arbitraria de su lonko (jefe o cacique).

Este viernes se realizará una gran movilización en esta capital y en todo el país ante las mentiras utilizadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, además de que los jueces y fiscales de la provincia de Chubut al sur del país, que llevan esta causa, hasta ahora no pueden determinar nada, a pesar de videos, donde no sólo la familia reconoce que estaba Santiago Maldonado sino que lo reconoció un amigo suyo de Chile, en cuya casa estuvo el joven hace un tiempo, y que testimonió ahora.

Lo que agrava la situación es cómo se intenta confundir a la población con falsas noticias. Desde Chile se informó que en ningún hospital de ese país, había internada una persona con las características de Maldonado, después de una versión que lo ubicaba herido en ese país. Esto es denunciado por la familia, mientras la ministra Bullrich a pesar de las propias afirmaciones de jefes de Gendarmería ampara a esta fuerza de Seguridad, que ya tiene varias denuncias desde el año pasado cuando incluso dispararon sobre una murga que ensayaba para participar en carnaval, hiriendo a niños, mujeres y hombres.

Si algo faltaba es lo sucedido en la provincia de Córdoba donde tres militantes de izquierda fueron detenidos en 11 allanamientos en sedes de organizaciones sociales y partidos políticos secuestrando afiches y banderas y papeles.

Marcelo Ramal legislador porteño del Frente de Izquierda, denunció en la sesión de la Legislatura de Buenos Aires los allanamientos. El local central del Partido Obrero de la provincia, la Casa 1234 (barrio Güemes), el Ateneo Social Anarquista (barrio Güemes también), el Espacio Cultural San Martín, la Biblioteca Popular de Villa La Maternidad y Kasa Karacol, del FOB, donde funciona la radio Zumba La Turba, fueron allanadas dijo al portal Infonews.

Agregó que la vivienda de una de las Madres de Plaza de Mayo también fue allanada en lo que relacionó como una forma de intimidación ante la convocatoria de la marcha nacional por la aparición de Santiago Maldonado.

Todas estas organizaciones que sufrieron los allanamientos participaron de la marcha contra el gatillo fácil -que también se realizó en esta capital. Gatillo fácil se le llama aquí a los policías que disparan en general contra jóvenes, delincuentes o ”sospechosos” y cuyas cifras han aumentado considerablemente, desde que asumió el gobierno derechista de Cambiemos.