17 de septiembre de 2017     Número 120

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Suplemento Informativo de La Jornada

Las mujeres ralámuli trabajan en la cocina del hotel hasta 14 horas al día y reciben un pago de 80 pesos por jornada
FOTOS: Alejandra Álvarez / INALI

Los ralámuli y la lucha
por sus tierras ancestrales

Ana Paula Pintado Cortina

A principios del 2015, Consultoría Técnica Comunitaria, me invitó a realizar un peritaje para mostrar el impacto social, cultural y espiritual que produjo la construcción del Aeropuerto Internacional de Creel a la comunidad ralámuli de Bosques de San Elías-Repechike, ubicada en el municipio de Bocoyna, en la frontera con la Baja Tarahumara, como resultado del acuerdo hecho con el Juez Octavo de Distrito del Estado de Chihuahua.

El aeropuerto forma parte del desarrollo turístico Plan Maestro Barrancas del Cobre. Entre 1995 y 1996, el gobierno federal recibió financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para dicho proyecto. De acuerdo con el gobierno federal, este megaproyecto “mejoraría las condiciones de los más pobres”, los ralámuli (seguimos la propuesta de diversos lingüistas de escribir esta lengua con las reglas de su sonido). Esto no ha resultado ser cierto, pues está documentado que, por ejemplo, las mujeres ralámuli que trabajan en la cocina del hotel 14 horas al día y les pagan 80 pesos por jornada (Barry, 2015).

En el momento de la sentencia, el aeropuerto tenía un avance de más de 90%, pese a que los ralámuli de Bosques de San Elías-Repechike se opusieron desde que se empezó a tumbar el primer árbol. Fueron a distintas instancias a exigir que quitaran la valla que colocaron alrededor del terreno, pues tapaba la vereda que llevaba a los niños a la escuela y, en lugar de hacer dos horas caminando, hacen cuatro. También pedían que pararan de tumbar los árboles pues a causa de ello, los venados, animales sagrados que solían pastar allí, desaparecieron.


La legalización de sus tierras ancestrales sería lo único que mitigaría las afectaciones culturales, sociales y espirituales de la comunidad de Bosques de San Elías-Repechike.


Esto no bastó para detener la obra. En dos años se talaron miles árboles, el aeropuerto casi quedó concluido y enfrentaron amenazas y situaciones de violencia. La entonces coordinadora estatal de la Tarahumara (ahora Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas), jamás atendió sus quejas e incluso se burlaba de ellos abiertamente presentándoles soluciones denigrantes y rebajando la dimensión real de la situación.

Cuando comencé la investigación era claro que los ralámuli pedían la titulación de su territorio, pues las tierras en donde están posadas sus casas, sus milpas, sus lugares sagrados, su historia, no son de ellos; fueron vendidos por Porfirio Díaz a raíz de la Ley que señalaba que “los terrenos baldíos y nacionales son propiedad de la Nación”. Es decir, a los ralámuli de Bosques de San Elías-Repechike nunca los vieron (aún muchos mexicanos no los ven). A partir de entonces, los descendientes de las familias que “compraron” esas tierras se han dedicado a hostigar a los ralámuli robando su cosecha y sus animales, talando indiscriminadamente y ejerciendo violencia sistemática.

Pedir de regreso sus tierras, es decir, legalizarlas, es la principal petición de los ralámuli de Bosques San Elías Repechike, presente en diversas fases de su lucha. La legalización de sus tierras ancestrales sería lo único que mitigaría las afectaciones culturales, sociales y espirituales de la comunidad de Bosques de San Elías-Repechike. Sin embargo, la sentencia fue dirigida hacia las afectaciones que inciden en la supervivencia de la comunidad indígena con motivo de la construcción del aeropuerto porque había que actuar rápido.


Lo que la comunidad ralámuli pide, en primer lugar, es la titulación de su territorio, de las tierras donde están sus casas, sus milpas, sus lugares sagrados, su historia

Es decir, el tema del territorio era mucho más complejo que el de la omisión de consulta, y como se trataba de parar la construcción del aeropuerto, no había tiempo de preparar la acción conjunta. “Fue una estrategia jurídica ante la negativa de las autoridades a reconocer la posesión ancestral como fuente de derechos, bajo la justificación de que la titularidad de esa posesión estaba inscrita a favor de particulares, lo cual generó violaciones a sus derechos humanos básicos, agua (aguajes) y libre tránsito (malla que cerro veredas)”, dice la abogada Alma Chacón.

Posteriormente, se realizó un amparo sobre titulación, pero fue desechado, pues los juzgados federales argumentaron que el juicio de amparo no es la instancia para otorgar títulos. Ahora se estudia como estrategia un juicio de prescripción adquisitiva.

Ante la demanda de daños espirituales y materiales tuvieron una resolución positiva. Se les entregó un dinero a través de un Fideicomiso, dinero que ellos, los ralámuli de Bosques de San Elías-Repechike, no buscaban. Hoy este dinero está causando problemas, pues ha salido otra gente a exigirlo, gente que fue invitada a luchar en contra del aeropuerto y decidió no hacerlo, pero hoy exige de manera violenta ese recurso.

Ojalá la gente de Bosques de San Elías-Repechike encuentre algún día la paz. Que se les deje de hostigar por pelear un derecho fundamental: el derecho a la propiedad sobre su tierra.

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