Opinión
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Los sismos de la ira
Luis Hernández Navarro
E

l delegado de Xochimilco, Avelino Méndez, puso pies en polvorosa en el pueblo de San Gregorio. El pasado 21 de septiembre, una multitud enfurecida lo corrió de ese barrio a patadas, golpes, piedras y mentadas de madre. Le reclamaba la falta de atención a los damnificados y el sólo irse a tomar la foto. Protegido por un grupo de colaboradores, el funcionario logró escapar trepando a un camión en movimiento.

Días antes, el 12 de septiembre, en Juchitán, Oaxaca, un grupo enfurecido de padres de familia, abuchearon, gritaron y reclamaron al secretario de Educación, Aurelio Nuño, la escasa ayuda del gobierno federal a los damnificados por el sismo. Impotente, el funcionario demandó: Déjenme hablar. Déjenme decir a lo que vengo. Fue inútil. Los gritos en su contra arreciaron y debió de pasarle el micrófono al gobernador de Oaxaca para que lo rescatara.

No corrió con mejor suerte el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Cuando el 20 de septiembre se presentó en mangas de camisa a las ruinas de la fábrica derrumbada en Chimalpopoca y Bolívar, fue increpado por los rescatistas del barrio, en su mayoría albañiles y obreros, que habían trabajado con picos y palas en remover escombros más de 24 horas seguidas. Rodeado de granaderos, el funcionario trató de abrirse paso infructuosamente entre los voluntarios, mientras recibía un alud de insultos y proyectiles improvisados. ¡Fuera, fuera!, le gritaban, mientras pedía calma.

El 22 de septiembre, decenas de enfurecidos integrantes de organizaciones sociales tomaron el centro de acopio del DIF estatal en Morelos, abrieron tres tráileres de ayuda humanitaria sin descargar y vaciaron la bodega llena de víveres sin distribuir, secuestrados por el gobierno de Graco Ramírez. Los indignados decidieron distribuir por su cuenta varias toneladas de apoyos a quienes los necesitaban. El enojo les nació de la pretensión del mandatario estatal (es un decir) de monopolizar la distribución de las ayudas.

Todos estos casos de explosiones de encono popular contra autoridades gubernamentales distan de ser hechos aislados. Son parte de un clima general de inconformidad que se incuba en muchas partes del país.

Muchos rescatistas tienen los ánimos crispados. Convencidos de que están en la primera línea del desastre para tratar de salvar vidas, chocan con quienes fueron enviados allí para recibir órdenes. Cuando menos se han suscitado tres enfrentamientos a golpes entre voluntarios y policías (en Chimalpopoca, Tlalpan y Álvaro Obregón); los pleitos con funcionarios delegacionales, a los que se acusa de agandallarse la ayuda y entorpecer los rescates, han sido incontables y, con harta frecuencia, se han producido jaloneos con marinos y soldados.

Los sismos de septiembre abrieron una enorme cuarteadura en el edificio institucional de la democracia representativa. Lejos de apaciguarse con el paso de los días, la ira de rescatistas y ciudadanos hacia políticos, partidos e instituciones electorales crece. La exigencia de destinar a la reconstrucción recursos para el financiamiento de campañas electorales y partidos políticos se ha convertido en una bola de nieve, que rueda impulsada por una profunda indignación.

La rabia crece también al evidenciarse las huellas de la rapiña inmobiliaria y la corrupción detrás de los 40 edificios que se colapsaron y los casi 4 mil que tienen severos daños estructurales en Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera abrió de par en par la puerta de los negocios salvajes a los especuladores de bienes raíces. Las licencias de construcción se repartieron como billetes de lotería. El resultado está a la vista: edificios nuevos que se desplomaron como castillos de naipes y antiguas construcciones dañadas por los sismos de 1985 que, en lugar de ser derruidas fueron remozadas.

Miguel Ángel Velázquez, puso el dedo en la llaga en una crónica en La Jornada publicada el 20 de septiembre: Pero, ¿quién le dio permiso a la muerte? De alguna manera alguien puso la firma en un papel que permitió que la ambición del o los dueños del inmueble abriera la puerta a esta desgracia que ya había sido pronosticada.

Parte de esta tragedia fue alimentada por un claro conflicto de interés entre quienes edifican y quienes deben vigilar que se haga de acuerdo con las normas establecidas. El 22 de septiembre, la investigadora en educación Alma Maldonado denunció: Uno de los mayores problemas de las constructoras es que tienen su propia supervisión para hacer porquerías. Dos días después, The New York Times explicó cómo la inspección de obras ha sido concesionada a ingenieros que son contratados y pagados por los mismos desarrolladores inmobiliarios. Son juez y parte. Por ello, con frecuencia la misma persona es empleada por una sola empresa para supervisar diversas obras y muchos inspectores ni siquiera están presentes en todas las fases de la construcción.

El enojo ciudadano crece también con la burla y manipulación informativa de Televisa y Semar en casos como el de Frida Sofía. Aunque nunca ha dejado de estar allí, con esta cobertura el Canal de las Estrellas se metió de lleno en la era de la posverdad, en la conversión de la realidad en telenovela para promover la candidatura de Aurelio Nuño, en la trasmutación de la tragedia en espectáculo para el rating. Los alquimistas de la comunicación, que creyeron encontrar en el show del rescate de la niña inexistente su nuevo flogisto mediático, ofendieron a las víctimas y faltaron el respeto a la audiencia.

Con furia, hace hoy justo tres años, la desaparición forzada de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa sacudió la conciencia de una nueva generación y la lanzó a la calle para exigir al Estado la presentación con vida de los estudiantes. Ira sobre ira, los sismos de septiembre han vuelto a convocar a los jóvenes a tomar las calles, ahora para organizar el rescate de los sobrevivientes, remover escombros y alimentar a los damnificados. Lo han hecho con generosidad, valentía, tenacidad e inteligencia. Dueños de su destino sin intermediario político alguno, su solidaridad y cooperación son simiente para un otro México.

A La Jornada, en sus primeros 33 años.

Twitter: @lhan55