La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el caso de la desaparición de siete elementos de la Policía Federal (PF) y un civil en Michoacán en 2009.

El organismo acreditó que las autoridades violaron los derechos humanos e incurrieron en irregularidades en las indagatorias en perjuicio de las víctimas y sus familiares. Además, cuando los familiares manifestaron su preocupación, los mandos de la PF les informaron que los uniformados se encontraban bien, cuando en realidad habían sido secuestrados por integrantes de La familia michoacana.

Se acreditó que en este caso se violaron las garantías fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, trato digno, integridad y seguridad personal y acceso a la justicia, en sus modalidades de procuración de justicia, atención a víctimas del delito y acceso a la verdad de las víctimas y sus familiares.

La CNDH recordó que a raíz de la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, celebrada en 2009, se acordó que en diversos municipios se nombraría a mandos de la PF como titulares de las áreas de seguridad pública municipal, entre ellos el municipio de Ciudad Hidalgo. El mando designado y seis efectivos se trasladaron en un vehículo a ese municipio, pero fueron levantados por el crimen organizado y no se supo más de ellos.

Del análisis lógico-jurídico al conjunto de evidencias del expediente respectivo, la CNDH evidenció violaciones a derechos humanos e irregularidades en la investigación de los hechos, y señala que la protección de la vida, integridad y seguridad de los elementos policiales en las tareas que le son asignadas deben estar respaldadas por estrategias y planes que reduzcan riesgos que pudieran sufrir, además de contar con los recursos materiales que permitan su adecuado equipamiento para salvaguardar su integridad.