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Habrá sanción penal para servidores que hagan uso electoral de recursos públicos

Publica el gobierno el acuerdo sobre las obligaciones y prohibiciones durante la veda

Los programas sociales sólo se podrán aplicar conforme a las reglas de operación

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El gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo que precisa las obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos por la veda electoralFoto María Meléndrez
Mirna Servín Vega
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de febrero de 2018, p. 33

Con el inicio de la veda electoral por el periodo de intercampañas, los funcionarios delegacionales y de las dependencias del gobierno capitalino tienen prohibido usar programas sociales o recursos públicos con fines electorales, promover aspirantes o el voto en favor de alguien, entre otras restricciones, como quedó asentado en el acuerdo que precisa las obligaciones y prohibiciones de los servidores publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

El documento especifica que no se podrán utilizar ni aplicar programas emergentes destinados a la ciudadanía, salvo en casos de desastres naturales y protección civil, como sucede con el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México.

Aunque no se suspenderá la ejecución de los programas sociales, éstos deberán ajustarse a las reglas de operación establecidas y no ser usados con fines electorales.

En el acuerdo se establece que los servidores públicos se abstendrán de utilizar con fines lucrativos o partidistas las políticas y programas sociales, por ejemplo, condicionar la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos para obtener votos en favor de un contendiente.

Asimismo, quedó prohibido solicitar votos a cambio de incluir o ser beneficiario de programas sociales o planes durante las campañas electorales o el día de la jornada electoral.

No se deberá amenazar con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en actos proselitistas, o bien para la emisión del sufragio en favor de un candidato.

El acuerdo también establece las obligaciones y prohibiciones relacionadas con el uso de los recursos humanos, materiales y financieros públicos; la difusión o promoción, incluyendo redes sociales, de acciones de gobierno y aspirantes a candidatos o partidos políticos. Su incumplimiento puede dar lugar al fincamiento de responsabilidad penal y administrativa, así como a la aplicación de sanciones de índole electoral.

Por ello, las personas servidoras públicas no podrán destinar, utilizar, permitir el uso de instalaciones, fondos y bienes, como vehículos, inmuebles y equipos, o servicios que tenga a su disposición, en apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.

Entre otros puntos, tampoco podrán solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o el día de la jornada electoral.

El documento también señala que no se podrá coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en actos proselitistas, para que apoyen o voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Tampoco pueden solicitar a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a alguien dentro del proceso electoral.

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