La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que aunque el actual gobierno de México ha registrado algunos avances con respecto a las observaciones que le había hecho llegar tras su visita al país en 2015, la gran mayoría de dichos señalamientos siguen sin cumplirse.

En su informe anual, dado a conocer este jueves, el organismo dedicó un apartado especial de 86 páginas a describir el nivel de avance del Estado mexicano en diversos puntos que hace tres años le recomendó analizar y mejorar.

Tras realizar un análisis pormenorizado de todos ellos, la CIDH encomió algunos avances significativos en materia constitucional y legislativa en años recientes, así como la adopción de importantes políticas públicas, pero de todas formas reiteró las recomendaciones emitidas en su Informe de País de 2015.

Lo anterior, debido a que persisten los desafíos en materia de violencia e inseguridad, que se alimentan del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en ocasiones en colusión con autoridades, así como por la consecuente impunidad.

Uno de los puntos más preocupantes para el organismo interamericano es que en 2017 continuaron los elevados números de desapariciones, homicidios y torturas sin una debida investigación, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestas por razones de discriminación histórica, como las mujeres, los niños, las personas migrantes y los pueblos indígenas.

De igual manera, continúan siendo de especial preocupación los ataques e intimidaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En este escenario, la CIDH constató que el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan justicia pronta y efectiva.

El acceso a la justicia, puntualizó el organismo, representa uno de los retos más importantes para el Estado mexicano. Una justicia eficiente y eficaz es clave en la lucha contra la impunidad y eje central en la respuesta a cualquier violación de los derechos humanos.