Chicoloapan, Méx.

El gobernador Alfredo del Mazo Maza firmó el decreto 311, mediante el cual se promulga la Ley de Familias Fuertes o Ley en Materia de Adopciones, con el fin de simplificar y reducir de tres años a ocho meses los trámites para quienes desean adoptar a niños abandonados.

Explicó que este ordenamiento fue resultado de una serie de reformas que el Congreso local hizo en abril a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; a la que regula los centros de asistencia social y las adopciones, al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles estatal, con la finalidad de brindar más protección a los niños internados en casas hogar mexiquenses.

Gracias a esta reforma, aprobada por unanimidad por el Congreso del estado, damos mayor protección a niñas y niños vulnerables, permitiendo que se integren con rapidez a un hogar en el que sean tratados con respeto, y donde el amor que reciban sea su mayor apoyo y fortaleza para convertirse en mujeres y hombres de bien, expresó.

En el Centro de Asistencia Social de Chicoloapan, el mandatario priísta manifestó que con este decreto se agilizarán los procesos administrativos y judiciales de la adopción.

La presidenta del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Fernanda Castillo Cuevas –esposa de Alfredo del Mazo–, indicó que esta acción es de enorme relevancia, pues permitirá a los menores integrarse rápidamente a familias que les den amor y protección.

Explicó que hasta antes de la reforma se tenían que realizar dos juicios y el proceso duraba al menos 36 meses. Era necesario agilizar los trámites porque cada minuto que pasa es un minuto menos de felicidad para los niños, resaltó.

Indicó que el DIF estatal tiene la meta de procurar un mejor destino a los niños en situación de desamparo, por lo cual se buscan alternativas para brindar un mejor futuro a los menores que se encuentran en los albergues a cargo del estado.

Nuestra misión es darles una oportunidad de vida, cambiar su destino. Las niñas y los niños mexiquenses de los centros de asistencia social son los hijos del estado, nuestros hijos; son un compromiso de tiempo completo que asumimos con mucha dedicación, apuntó.

El gobernador explicó que mediante la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se crea la figura de la familia ampliada, compuesta por personas que no tienen parentesco con los menores, pero los quieren como si fueran propios y pueden restituir su derecho a vivir en familia.

Abundó que las reformas también aumentan los requisitos para quienes quieren deseen ocupar el cargo de procurador estatal o municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues deben comprobar experiencia en derechos y atención de la niñez, además de tener una trayectoria ejemplar que garantice su compromiso con la infancia.

Dijo que las modificaciones legales permitirán fortalecer las procuradurías de defensa del menor y darán transparencia a los procesos de adopción, pues se derogó el Consejo Mexiquense de Adopciones y fortaleció las facultades de la Junta Multidisciplinaria del DIF, que se encargará de estos procesos.

Del Mazo Maza agregó que también se busca homologar los procesos de operación de los 57 centros de asistencia social, públicos y privados, que operan en la entidad, con las directrices marcadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

El mandatario mexiquense reconoció al Congreso estatal y al Poder Judicial el trabajo que realizaron en la elaboración y aprobación de esta iniciativa y los exhortó a continuar con su labor en beneficio de la niñez.

Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, detalló que en ocho meses podrán resolverse 106 juicios de adopción promovidos en 2017 y más de 60 de este año.

Asimismo, propuso crear un juzgado especializado en materia de adopción, que sería el primero de su tipo en el país. Es un esfuerzo de este tribunal para ofrecer una mejor vida a la infancia mexiquense, añadió.