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Preguntas sobre la contingencia
L

a primera contingencia ambiental del año en la Zona Metropolitana del Valle de México, declarada el miércoles pasado y que se mantuvo durante la jornada de ayer en fase 1, obliga a recordar las múltiples preguntas y cuestionamientos de la sociedad en torno a las políticas ambientales de las instituciones federales y locales en esta región del país, en la que se asienta uno de los mayores conglomerados urbanos del mundo.

Por principio de cuentas, sigue sin resolverse la discusión sobre los orígenes precisos de la contaminación atmosférica que se concentra sobre el valle de México, es decir, en qué medida es generada por el tránsito automotor y en cuál por los conglomerados fabriles situados, en su mayoría, en zonas industriales del estado de México. Por lo que hace a la circulación de vehículos de combustión interna, no se cuenta con un estudio terminante acerca de las aportaciones de los tipos de automotores –transportes de pasajeros y de carga, locales y foráneos, viejos y de modelo reciente– a la masa de gases tóxicos que, según Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, mata a unas 18 mil personas cada año, cifra superior a las bajas producidas anualmente por la violencia asociada al narcotráfico.

Adicionalmente, existe una razonable duda social acerca de los efectos directos e indirectos de la verificación vehicular en la reducción de las emisiones de los motores de gasolina y diésel, y las propias autoridades parecen haber admitido tal duda al ordenar una renovación de los equipos de los centros de verificación y una modificación de las normas técnicas que los rigen.

No debe soslayarse un dato significativo: el hecho de que, aunque las verificaciones obligatorias fueron suspendidas, tanto por motivo del terremoto del pasado 19 de septiembre como para dar tiempo a los verificentros para que realizaran las adecuaciones necesarias, la mayor parte del primer semestre de 2018 transcurrió sin contingencias ambientales, incluidos los meses de invierno, que son en los que con mayor frecuencia se registra mala calidad del aire debido a las inversiones térmicas. En otros términos, hasta esta semana no hubo diferencia entre realizar las verificaciones o no realizarlas, lo que debiera llevar a un cuestionamiento de su eficacia y de su transparencia.

Desde que se estableció la supervisión obligatoria de las emisiones de los automotores hasta finales del año pasado, los centros de verificación han padecido una mala imagen pública y han proliferado los señalamientos sobre la corrupción que florece en ellos y que permite la aprobación de vehículos altamente contaminantes y en malas condiciones mecánicas. Así, lo que se requiere, además de un mayor rigor técnico en el examen de los motores y la medición de sus emisiones, es de una voluntad política determinada a sanear las prácticas venales que, de acuerdo con el clamor social, tienen lugar en estos establecimientos.

Otra pregunta que no tiene respuesta evidente es el papel de las gasolinas y de sus cambios de composición en el empeoramiento de las condiciones ambientales. A falta de información y difusión oficial confiable y contundente, proliferan los rumores y las leyendas urbanas, con ello se oscurece aún más el panorama.

Una complicación adicional es que la reflexión en torno a los asuntos referidos está contaminada por faccionalismos políticos y por intereses económicos, lo que representa una dificultad adicional para que la ciudadanía se haga una idea clara de las causas reales, dimensiones y consecuencias del problema.

Los datos incuestionables son que la polución atmosférica enferma e incluso mata y que, sin embargo, las autoridades federales y locales no han actuado con la firmeza suficiente, o no en la dirección correcta para resolver el problema. Tal es la fundamentación de la queja de oficio interpuesta ayer por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuya titular, Nashieli Ramírez, señaló que debe empezarse por averiguar qué está pasando y si hay una relación entre la más reciente contingencia y el cierre temporal de los verificentros.