La cantidad de recursos de inconformidad presentados a raíz de los comicios presidenciales resultó distante de las previsiones legales y presupuestales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con siete juicios de quejas asociados a las votaciones del primero de julio pasado –cuatro de los cuales fueron presentados por Encuentro Social–, apenas superó los dos interpuestos en 2000, cuando Vicente Fox inauguró la alternancia en el cargo.

Principalmente por la gran diferencia en la cantidad de votos recibidos por los candidatos, la etapa poselectoral rompe con dos periodos consecutivos en las cuales la conflictividad tensó el periodo de tránsito entre la jornada, la entrega de la constancia de mayoría al presidente ganador y la toma de posesión.

Con 280 distritos impugnados en los polémicos comicios de 2006 y 365 juicios de inconformidad en los de 2012, ambos procesos involucraron sendas demandas de nulidad de las elecciones por las coaliciones de izquierda Por el Bien de Todos y el Movimiento Progresista, conformadas en ambos casos por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Paradójicamente el único partido que ahora impugnó cómputos y el proceso en sí mismo es integrante de la coalición ganadora de la elección: Encuentro Social. Por sí solo promovió más de la mitad de los recursos: cuatro de los siete.

Desde 2000 no se había dado una fase poselectoral sin tensiones. En aquel año, la Alianza por México –en la que el PRD y el PT encabezaban una alianza de cinco partidos– sólo promovió dos juicios de inconformidad para impugnar los cómputos presidenciales del distrito dos del estado de México y 11 en Puebla. Nada que objetara de fondo el triunfo de Fox.

Para 2006, inconforme con el resultado, la alianza Por el Bien de todos auspició la impugnación de 280 distritos, incluido el 15 de Ciudad de México, en el cual se exigía la nulidad de la elección. La injerencia empresarial, la guerra sucia, la intervención de Fox en la contienda e irregularidades en el escrutinio y cómputo, asociada a la negativa del entonces Instituto Federal Electoral, detonaron la etapa posterior a las votaciones más compleja desde la existencia del IFE (ahora INE).

A pesar de la reforma electoral diseñada para mitigar y procesar legalmente las inconformidades que en 2006 no habían tenido cauce –señaladamente la apertura de paquetes–, los comicios en 2012 no redujeron, en términos cualitativos ni cuantitativos, los conflictos.

Para ese año, el Movimiento Progresista promovió 365 recursos que en esa ocasión estuvieron enfocados en irregularidades de financiamiento –que involucraban el escandaloso caso Monex–, rebase de topes de gastos de campaña e inconformidades con los cómputos, a pesar del recuento de 78 mil paquetes electorales.

En estos dos últimos casos, la complejidad del proceso motivó la integración de comisiones de magistrados del TEPJF que sistematizaran la estrategia para dar cauce previo a la resolución definitiva sobre la validez de los comicios y la entrega de la constancia de mayoría del presidente electo.

Con sólo siete recursos, tres auspiciados por ciudadanos o una organización civil, ha sido innecesaria una estrategia similar.