eguro ha escuchado en muchas ocasiones que el voto es libre y secreto. Efectivamente, estas son dos características fundamentales del sufragio en cualquier verdadera democracia.

¿O se imagina llegar a votar y que lo obliguen a hacerlo por un candidato o candidata en específico?, ¿sería eso correcto?, ¿sería legal?, ¿sería democrático?

Si nuestro voto fuera obligado o estuviera condicionado, la democracia correría el riesgo de caer en la simulación y se convertiría en un mero estandarte, como ocurre en muchas partes del mundo todavía –con países que nada más llevan el nombre de democráticos, aunque sus ciudadanos no son realmente libres para votar por quien quieren–.

Todas las autoridades electorales: el INE, el Tribunal Electoral y las fiscalías especializadas en contra de delitos electorales han jugado un rol muy importante para garantizar que en el México actual el voto sea secreto, sea libre y cuente.

Ahora bien, así como el mundo cambia y se actualiza todos los días, la jurisprudencia de los tribunales tiene que evolucionar para asegurar que la Constitución y las leyes se sigan aplicando ante la aparición de nuevos problemas o situaciones imprevistas.

Y muchas veces para evolucionar hay que repensar un criterio. Eso sucedió hace dos años en el Tribunal Electoral con un tema que impacta en la libertad del voto de las y los ciudadanos.

En 2017, llegaron demandas al tribunal en las que se denunciaba la entrega de tarjetas por parte de algunos candidatos. Los partidos que denunciaron afirmaban que esas tarjetas estaban presionando a los electores porque daban a entender que se entregarían programas sociales o dinero durante las campañas o una vez electo el nuevo gobierno.

En esos años se decidió que las tarjetas debían permitirse porque sólo eran propaganda electoral; no tenían los mecanismos necesarios para que se pudiera transferir dinero a través de ellas y lo cierto es que la ley electoral no condicionaba o prohibía que se expresaran promesas en forma de tarjetas.

Además, estos plásticos normalmente eran entregados con un folleto que contenía otras promesas de campaña.

Se determinó que estas acciones sólo podrían tomarse como condicionamientos al voto cuando se probara que se había entregado algún pago en efectivo o especie, o bien, si se buscaba construir un padrón de beneficiarios a futuro con datos personales de los electores.

Pues bien, en 2022 se dio un caso similar a los anteriores que generó una nueva reflexión. En este asunto, se entregaron tarjetas en las que debían asentarse datos personales y el talón del que se despegaba la tarjeta decía: desprende esta tarjeta y guárdala.

Al analizar el expediente, se observó que un grupo de ciudadanos habían declarado guardar la tarjeta con la esperanza de recibir el programa social si el candidato ganaba y, posteriormente, la desecharon cuando se dieron cuenta de que no resultó ganador. Asimismo, había imágenes que mostraban cómo se habían recabado datos personales de los ciudadanos.

Con eso, el Tribunal Electoral constató que, en este caso particular, por la forma en que se había diseñado la propaganda, la sola entrega de esta tarjeta había presionado y condicionado el voto de la ciudadanía porque estaba generando una expectativa real de recibir beneficios a futuro con la intención de que un candidato recabara votos.

Esto era una mala práctica que estaba atentando contra la libertad del voto.

Cada elección planta nuevas preguntas y problemas para los tribunales porque surgen nuevas irregularidades y otras se sofistican con el tiempo.

El Tribunal Electoral continuará protegiendo y garantizando el voto libre de la ciudadanía, teniendo que reflexionar incluso su propia línea jurisprudencial de ser necesario.

Nada ni nadie puede condicionarle el voto, quitarle la credencial de elector o decirle por quién votar. En esta campaña, recuerde siempre la máxima que ha oído: este 2 de junio, su voto es libre.

* Magistrado de la Sala Superior del TEPJF