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Se va a impugnar la decisión, señala la Consejería Jurídica

Juez ordena al GDF indemnizar con $94 millones por predio El Encino
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de diciembre de 2012, p. 32

En un nuevo capítulo relacionado con el predio El Encino, un juez federal condenó este miércoles al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a pagar una indemnización de casi 94 millones de pesos a los propietarios, cuyo litigio deriva de la expropiación decretada en 2000, informaron fuentes judiciales.

La resolución del juez Eduardo Alvarado Ramírez, del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, ordena a las autoridades capitalinas a liquidar a la empresa Promotora Internacional Santa Fe, en un plazo de 24 horas, el pago correspondiente a la indemnización a los dueños del predio de 13 mil 400 metros cuadrados ubicados en Santa Fe.

Los dueños de El Encino han litigado contra el Gobierno del Distrito Federal desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador, de quien incluso consiguieron su desafuero, por desacato judicial.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, el juez llegó al cálculo de 93 millones 944 mil pesos a partir de actualizaciones más intereses devengados, realizado con base en el índice nacional de precios al consumidor, al valor comercial que tenía el inmueble a partir de noviembre de 2000 y hasta noviembre de 2012, aunque la cantidad seguirá aumentando mientras no se concrete el pago.

El Gobierno del Distrito Federal tiene dos opciones: pagar la indemnización o impugnar la resolución del juez ante un tribunal colegiado de circuito, e incluso pedir que la Suprema Corte de Justicia sea la última instancia en resolver la suma final para el pago.

Por la noche, la Consejería Jurídica del GDF informó que interpondrá un recurso de queja contra el fallo del juez noveno de distrito en materia administrativa, quien le ordenó pagar 94 millones de pesos como indemnización por la expropiación ilegal del predio El Encino, decretada en noviembre de 2000.

El consejero jurídico, José Ramón Amieva, señaló que el gobierno capitalino tiene la potestad jurídica de agotar los medios de defensa correspondientes, como es el recurso de queja.