La recomendación 15/VG 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) generó polémica entre los actores involucrados en el tema, pues mientras el organismo público defendió su indagatoria y señaló errores en la actuación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos lo acusaron de retomar una hipótesis totalmente rebasada del caso.

Melitón Ortega, vocero de los padres de familia, condenó el informe de la comisión y aseguró que retoma la verdad histórica que impulsó el gobierno federal.

En entrevista con La Jornada, José Trinidad Larrieta, encargado de la oficina especial de la CNDH sobre el caso Iguala, rechazó los señalamientos del EAAF, en el sentido de que la mencionada recomendación del organismo nacional –en la cual se indica que sí hay evidencia de que al menos 19 personas fueron asesinadas y quemadas en el basurero de Cocula– contiene graves omisiones, especulaciones y sesgos.

De acuerdo con el funcionario, muchas de las conclusiones del EAAF sobre el tema están fuera de tiempo y de lugar, porque en el mencionado sitio fueron encontrados al menos 114 restos humanos –93 de huesos y 21 dentales– con materia orgánica susceptible de ser analizada, pero que ni los argentinos ni los peritos de la Procuraduría General de la República seleccionaron para su análisis.

Señaló que al retirarse del país en febrero de 2016, el EAAF ya no pudo conocer evidencias aparecidas en septiembre de ese mismo año, según las cuales algunos restos aparecidos en ese vertedero de Cocula y en una bolsa tirada al río San Juan corresponden a Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los estudiantes.

Larrieta enfatizó que aunque los resultados del laboratorio austriaco de Innsbruck indican que el nivel de coincidencia genética es extremadamente bajo, a final de cuentas es un resultado positivo.

Melitón Ortega, afirmó que para nosotros la CNDH esperó hasta el último día del mandato de Enrique Peña Nieto, creemos que debió emitir su informe en tiempos reales.

La CNDH pretende dejar el caso en manos del gobierno que entra.

Mencionó también que la mayoría de los detenidos por el caso hoy se encuentran fuera; la CNDH retoma las investigaciones que hizo la PGR, y para nosotros es grave lo que hizo la comisión, y constituye el pago por las promesas que hubo (del presidente Peña Nieto), y por eso los padres seguiremos en las calles. La CNDH es parte de la estructura del Estado mexicano, y tiene que respaldar al gobierno federal para no quedar mal.

Por su parte, Vidulfo Rosales, el abogado de los familiares, manifestó su rechazo a las afirmaciones de la CNDH sobre la posibilidad de que los restos encontrados sean realmente de Jhosivani Guerrero, pues no tienen un grado de certeza razonable y eso es un acto pleno de irresponsabilidad.

Asimismo, reiteró que según informes de expertos internacionales en temas de fuego, en el tiradero no se encontraron evidencias de un incendio de las dimensiones necesarias para quemar 43 cuerpos.

A decir del litigante, la recomendación de la comisión también incluye un apartado donde se criminaliza a las normales rurales al mencionar que dentro de ellas se cometen violaciones de derechos humanos, sin tomar en cuenta la asfixia presupuestal y el acoso que enfrentan dichos planteles desde hace varias décadas.

“Regresamos al debate estéril y rebasado de la ‘verdad histórica’. Estamos en desacuerdo con la recomendación y la rechazamos”, dijo Rosales.