La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que gobiernos de los tres niveles incurrieron en omisiones para evitar actos de violencia contra 5 mil 266 personas de los Altos de Chiapas que se vieron obligadas a desplazarse entre octubre y noviembre de 2017 para salvaguardar su integridad.

El organismo emitió la recomendación 87/2018 en la que documentó que autoridades federales, estatales y municipales vulneraron los derechos a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la asistencia humanitaria, a las medidas de ayuda inmediata, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración de la misma, así como a los derechos económicos, sociales y culturales contra habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó.

El conflicto entre ambos municipios tiene su origen en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, debido a una diferencia agraria que no fue atendida a fondo por las autoridades en la materia. La tensión creció en octubre de 2017, el 18 de ese mes varias personas ingresaron a Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y mataron al líder Samuel Luna Jirón, por lo que 5 mil 266 habitantes de nueve comunidades y de una de Chenalhó dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas.

La recomendación está dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, al fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca; al titular de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero; al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón; al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino López, y a los presidentes municipales de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, y de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez.

La CNDH concluye que los gobiernos no garantizaron a los desplazados la ayuda inmediata, servicios de salud, seguridad pública, ni realizaron labores de prevención de delitos y conductas antisociales, como tampoco fueron auxiliados ante la violencia ni se aplicaron acciones para salvaguardar sus garantías.

Se solicitaron en su momento medidas cautelares, lo mismo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organizaciones civiles han reportado que al menos 10 personas más han muerto por las condiciones del desplazamiento.

Se pidió al gobernador que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y autoridades municipales se diseñe y aplique un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas y se brinde atención médica y sicológica a quienes sufrieron daños en sus viviendas, perdieron sus cosechas y animales de granja, y a todas aquellas que lo requieran se les debe inscribir en el Registro Nacional de Víctimas.

También se tendrá que realizar un censo que corrobore el número de afectados por el desplazamiento y un diagnóstico que evidencie la situación actual que presentan esas personas, así como el conflicto.