Aunque las autoridades ambientales determinaron que Grupo México debía constituir un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para atender los daños y la remediación que ocasionó con el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en Cananea y que afectó el río Sonora en 2014, sólo ejerció mil 200 millones de pesos. La reparación del daño a los afectados y la remediación ambiental no se llevó a cabo, señaló Julieta Lamberti directora de investigación de grupo Poder.

Ante el anuncio del martes pasado del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, de que se revisarían los 22 accidentes que la empresa ha ocasionado, incluido el de la cuenca del río Sonora, Lamberti dijo que falta ver la voluntad política de la dependencia en aplicar una sanción ejemplar a la empresa. Sería un mensaje importante, porque hasta ahora no ha habido consecuencias de su actuación.

Consideró importante que se reconozca el historial de Grupo México como violador de derechos humanos, que recurrentemente trasgrede la normatividad ambiental y afecta el medio ambiente. Cada que Grupo México provoca un desastre se consideraba un hecho particular, ahora que la autoridad diga que se pueden revisar los permisos y sus prácticas recurrentes, es importante.

Tras el derrame en el río Sonora, que el 6 de agosto cumple cinco años, y que afectó a 22 mil personas de Cananea y otros seis municipios, la organización ha acompañando a los comités de cuenca del río Sonora, se ha observado el mal trabajo de las autoridades y la empresa al supuestamente remediar los daños causados por su operación.

Mencionó en entrevista que en las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia evaluará el accionar del fideicomiso y revisará los juicios de amparo de los comités. Recordó que en el fideicomiso se presentaron varias irregularidades. Entre ellas que en su comité técnico no participaron los afectados, las decisiones se ejecutaron sin tomarlos en cuenta, y la empresa se había comprometido a aportar 2 mil millones de pesos, pero sólo destinó un poco más de la mitad.

En un análisis del ejercicio presupuestal del fideicomiso se encontró que, de esa cantidad, a los afectados se les otorgaron 680 millones de pesos, 34 por ciento de lo comprometido originalmente. Apenas 0.6 por ciento de los recursos fue para salud, 7.8 millones de pesos, y se gastaron 58 millones de pesos en un estudio de diagnóstico y plan de remediación, que nunca se puso en marcha. Y de los 230 kilómetros afectados, únicamente remedió 30.

Por otra parte, se hicieron pagos a intermediarios ligados con el entonces subsecretario de Semarnat, Rodolfo Lazy, que además presidióel comité técnico del fideicomiso. A la empresa Rotoplass, propiedad de un familiar del dueño de Grupo México, Germán Larrea, e integrante del grupo directivo de la minera, se le pagó por colocar tinacos en la cuenca del río Sonora. El fideicomiso cerró en febrero de 2017.